A poco más de dos meses de la jornada electoral programada para el 1 de junio, el Instituto Nacional Electoral (INE) ha informado que la organización de las elecciones judiciales presenta un avance del 38%. Sin embargo, se han identificado desfases en siete rubros clave, lo que genera preocupación sobre la capacidad del organismo para cumplir con los plazos establecidos.
Detalles de los retrasos
Uno de los principales atrasos se encuentra en la impresión de las boletas electorales. Hasta la fecha, se han producido 100 millones 397 mil 907 papeletas de las 600 millones previstas para la elección de ministros de la Suprema Corte. En cuanto a las boletas para los aspirantes a magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, el avance es del 77.20%, mientras que para la elección de integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral, el progreso es del 28.06%.
Además, se han identificado retrasos en actividades esenciales como la formalización de convenios con instituciones educativas para la instalación de casillas, la verificación de la aplicación móvil destinada a la segunda etapa de capacitación electoral, la validación del sistema de sustitución de funcionarios de casilla y la implementación de simulacros y prácticas para la jornada electoral.
Desafíos adicionales
La coincidencia de las elecciones judiciales con las municipales añade complejidad al proceso. En estados como Tamaulipas y Veracruz, los ciudadanos deberán enfrentarse a casi una docena de papeletas, lo que representa un reto tanto para los votantes como para las autoridades electorales encargadas de organizar y supervisar los comicios.
Esta simultaneidad de elecciones requiere una logística precisa y una amplia campaña de información para garantizar que los ciudadanos comprendan el proceso y puedan ejercer su derecho al voto de manera informada y eficiente.
Medidas adoptadas por el INE
A pesar de los retrasos, el INE ha tomado medidas para fortalecer la transparencia y la confianza en el proceso electoral. El Consejo General del INE ha extendido invitaciones a 29 organizaciones internacionales para que actúen como observadores durante las elecciones judiciales. Esta iniciativa busca garantizar la integridad y legitimidad del proceso, ofreciendo una perspectiva externa e imparcial sobre el desarrollo de los comicios.
Ajustes en los topes de campaña
En respuesta a una sentencia del Tribunal Electoral, el INE ha ajustado los topes de gasto de campaña para los candidatos. Los aspirantes a ministros de la Suprema Corte ahora pueden gastar hasta 1.4 millones de pesos en sus campañas, mientras que aquellos que compiten por un distrito electoral judicial tienen un límite de 220 mil pesos. Estos ajustes buscan promover la equidad en la contienda electoral y asegurar que todos los candidatos tengan oportunidades justas de promoción.
Conclusión
Los retrasos identificados en la organización de las elecciones judiciales representan desafíos significativos para el INE. La eficiencia en la producción de material electoral, la formalización de acuerdos logísticos y la implementación de herramientas tecnológicas son aspectos críticos que requieren atención inmediata. La colaboración entre las autoridades electorales, las instituciones educativas y la sociedad civil será fundamental para superar estos obstáculos y garantizar que las elecciones se desarrollen de manera transparente y eficiente el próximo 1 de junio.
