Recientemente comenzaron a circular en redes sociales supuestas facturas de la Universidad Autónoma de Campeche (UACAM) por montos superiores a un millón de pesos, correspondientes a obras y compras realizadas sin un proceso de licitación pública, según documentos difundidos.
Entre los documentos más destacados destaca una factura “que supera la cantidad de 3 millones de pesos para mantenimiento e impermeabilización del techo del edificio rector de la institución”, sin que exista evidencia de un proceso de licitación formal que justifique la adjudicación de ese contrato.
La carátula del contrato no menciona el nombre de la empresa beneficiada, limitándose únicamente al término jurídico del “Contratista”; no obstante, el convenio reportó un monto de “más de 3 millones 179 mil pesos”, y se otorgó un anticipo de casi un millón de pesos al contratista en cuestión.
Aunque la UACAM es una institución autónoma con reglamentos propios para la administración y la obra pública, dichos reglamentos, así como la Ley de Obras Públicas del Estado de Campeche, establecen topes para adjudicar obras sin licitación, normas que aparentemente no se respetaron en este caso, de acuerdo con las evidencias difundidas.
Medios locales han cuestionado a quién se asignaron las obras y compras, señalando posibles vínculos con personas cercanas al ex rector José A. Abud Flores; incluso hay versiones que indican que podrían involucrarse familiares del ex funcionario.
Por su parte, durante una audiencia en la que Abud Flores fue vinculado a proceso, su defensa calificó la filtración de estos documentos como parte de “una estrategia mediática en contra del acusado”. El abogado defensor afirmó que “todo este ataque mediático, haciendo uso de los recursos públicos, es para evadir la responsabilidad y el ataque político que sufre mi representado”, y adelantó que, una vez concluido el proceso, presentarán “contra demandas”.
Hasta el momento, las autoridades universitarias y judiciales no han emitido un posicionamiento oficial sobre las irregularidades denunciadas en las facturas ni sobre la situación de los contratos señalados en los documentos difundidos.
