La Revista

¿Revocación o ratificación de mandato?

Editorial La Revista Peninsular
Editorial La Revista Peninsular
Sígueme en redes sociales:

Editorial La Revista Peninsular

Tras meses de incertidumbre, parece ser que la
revocación de mandato ya es un hecho. Esta semana, la Suprema Corte de Justicia
de la Nación (SCJN) resolvió el último obstáculo que tenía este ejercicio
democrático al permitir que el Instituto Nacional Electoral (INE) lo organice
(el ejercicio) con el presupuesto que tiene disponible, sin que esto represente
consecuencias legales para los consejeros electorales. Sin esta decisión de la
Corte, la autoridad electoral se hubiese encontrado en una situación de
vulnerabilidad pues no tiene recursos suficientes para llevar a cabo la
organización conforme dicta la ley.

A nadie debe sorprenderle que los últimos preparativos
de la revocación de mandato hayan presentado complicaciones pues hubo
inconsistencias y conflictos desde el principio.

La revocación de mandato es un instrumento de
participación que solicitan los ciudadanos para determinar la continuidad del
presidente en su cargo cuando pierden confianza en él o ella. Sin embargo, la
revocación que se organiza ahora en México ha sido promovida por Andrés Manuel
López Obrador y sus simpatizantes, por lo que no nace de un sentimiento de
desconfianza al desempeño del titular del ejecutivo, sino de una aparente
pretensión electoral.

Puesto en otras palabras, si la revocación de mandato
fue promovida por el presidente y sus aliados sabiendo que el primero goza de
una aceptación favorable entre los ciudadanos, es probable que el ejercicio
busque reforzar el posicionamiento electoral de López Obrador y su partido.

Al no surgir de un sentimiento de desconfianza, nos
encontramos ante un ejercicio que se parece más a una ratificación de mandato
que a una revocación de mandato. Aunque parecen similares, son de naturalezas
opuestas pues el primero busca la continuidad del mandatario y el segundo su
remoción del cargo.

Es cierto que, para que la revocación de mandato haya
sido aprobada, fueron necesarias las firmas de por lo menos el 3% del padrón
nominal (poco más de 2 millones 700 mil firmas); no obstante, las
organizaciones que se dedicaron a conseguirlas están plenamente identificadas
con Morena.

Esta disonancia entre la naturaleza de la revocación
de mandato y la manera en cómo se recolectaron las firmas propició casi un
millón de inconsistencias en los registros presentados. La mayoría de éstas
consistieron en registros duplicados, utilización de documentación no vigente,
registro de personas ya fallecidas o sin capacidad para participar por
encontrarse en prisión, entre otras. A pesar del gran número de firmas
invalidadas, se logró superar el 3% del padrón nominal requerido para solicitar
el ejercicio.

Mientras se revisaban las firmas presentadas, también
se discutía un tema de suma importancia: el presupuesto. Como se comentó en un
principio, el INE no cuenta con los recursos necesarios para llevar a cabo el
ejercicio de acuerdo a la ley. El Congreso federal no le otorgó el dinero que
solicitó para este fin y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)
negó la ampliación presupuestal que requirió tras la negativa de los diputados.

Esto puso a la autoridad electoral en una posición
complicada pues se vio imposibilitada para hacer cumplir la ley en cuanto al
número de casillas necesarias para el ejercicio. Según la norma, se debe
instalar el mismo número de casillas, o más, que las instaladas durante la
última elección federal. Entonces, si se toma en cuenta la elección del 2018,
se necesitarían más de 161 mil casillas en todo el territorio nacional.

Para poder llevar a cabo el ejercicio democrático
conforme al marco normativo, el año pasado el INE le solicitó al legislativo
3,800 millones de pesos, pero el Congreso ignoró esta solicitud y le otorgó un
monto considerablemente menor. Con ajustes presupuestales y planes de ahorro,
la autoridad electoral logró juntar alrededor de 1,500 millones de pesos y
disminuyó el costo del ejercicio a 3,306 millones de pesos. Después de éstos
ajustes, solicitó a Hacienda el monto restante, equivalente a más de 1,738
millones de pesos, pero recibió una respuesta negativa.

Ante ésta evidente insuficiencia presupuestaria, la
Corte admitió que se realice el ejercicio con el presupuesto disponible sin que
el incumplimiento de la norma pueda representarles consecuencias legales a los
consejeros electorales. Así pues, el INE informó que ahora contempla instalar
un tercio de las casillas, aproximadamente 57 mil, cifra similar a las instaladas
en la consulta popular del año pasado.

El tema del presupuesto provocó duros enfrentamientos
entre el INE y el gobierno federal, junto con sus aliados, pues la autoridad
electoral consideró el recorte presupuestario como un ataque a su autonomía y
capacidad de operación. Por otra parte, el presidente y sus aliados señalaron
que el INE cuenta con suficientes recursos para organizar el ejercicio, pero
que no quería disminuir presuntos gastos superfluos. Los conflictos escalaron
hasta la lamentable persecución penal, promovida por el legislativo federal,
que sufrieron los consejeros electorales que intentaron suspender la
organización del ejercicio en tanto se resolvía el problema presupuestario.

Finalmente, la pregunta que habrá de aparecer en la boleta
de votación también ha sido motivo de debate y conflictos. El cuestionamiento
es el siguiente: ¿Estás de acuerdo en que a (nombre), Presidente/a de los
Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mando por pérdida de confianza o
siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo?

De acuerdo al ministro Jorge Pardo Rebolledo, la
segunda parte de esta pregunta hace referencia a la figura de ratificación de
mandato por lo que era necesario recortar el cuestionamiento para que sólo se
pregunte lo relativo a la revocación de mandato. Aunque la propuesta del
ministro Pardo Rebolledo fue apoyada por 7 de los 11 magistrados, era necesario
un voto más para alcanzar la mayoría calificada requerida para concretar el
cambio. Entonces, aunque la mayoría de los ministros coincidieron con el
planteamiento del ministro Pardo, la pregunta permaneció igual.

Cabe señalar que igual el presidente ha expresado
inconformidad con la pregunta por considerarla muy confusa, pero no ha mostrado
intención concreta de buscar su modificación.

Si todo sale de acuerdo a lo planeado, la revocación
de mandato se llevará a cabo el próximo 10 de abril. Mientras tanto, el tema
seguirá siendo prioridad en la discusión pública. Lo más probable es que las
próximas complicaciones y enfrentamientos entre autoridad electoral y gobierno
se deban al incumplimiento de la veda electoral que inició el viernes que se
publicó la convocatoria de la revocación. Por cómo han actuado el gobierno
federal y sus aliados, sería ingenuo pensar que no se transgredirá la veda en
algún momento, aunque esperemos que sea lo mínimo pues éstos actos atentan en
contra de la legitimidad del ejercicio democrático.

Editorial La Revista Peninsular
Editorial La Revista Peninsular
Sígueme en redes sociales:

No quedes sin leer...

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Lo último