Luis Carlos Ugalde
La creación de un poder paralelo a los
gobernadores en las entidades del país que ha propuesto Andrés Manuel López
Obrador es uno de los mayores riesgos de gobernanza para los próximos años. No
sólo implica menguar la fuerza política de los gobernadores, sino afectar el
funcionamiento de los gobiernos, el desarrollo de proyectos de infraestructura y
hasta el sistema de rendición de cuentas.
Es cierto que la burocratización de las
delegaciones del gobierno federal es ineficiente y que las delegaciones se
convirtieron en espacios de control político, de construcción de alianzas de
secretarios de Estado y también espacios de corrupción. Algunos delegados —por
ejemplo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes— podían ser canales
para negociar licitaciones y adjudicación de contratos para proyectos estatales
con recursos federales.
Actualmente hay cerca de 500 oficinas de
delegaciones federales en todo el país. Algunas entidades llegan a tener hasta
30 delegados, desde aquellos de la Secretaría de Relaciones Exteriores,
Educación Pública y Economía, hasta los de la Comisión Nacional del Agua, el Infonavit
y la Procuraduría Federal del Consumidor. Algunas delegaciones se justifican,
pero otras son espacios políticos para tejer redes de “grilla”. Si se suma todo,
el personal que labora en esas delegaciones puede sumar miles de personas en
algunas entidades.
Sin embargo, la solución que ofrece el nuevo
gobierno implica enormes riesgos. Por una parte, es positivo compactar esas
delegaciones, pero el ahorro puede ser limitado puesto que la mayor parte de
sus trabajadores son sindicalizados y muchos son personas de la localidad. Si
el gobierno federal inicia con la liquidación de miles de trabajadores para
lograr el ahorro que se busca, comprará un conflicto político nacional. Si no
toca al personal de base porque se trata de la gente del pueblo a la que no se
quiere afectar, entonces la medida no tendrá ahorro significativo.
El problema radica en el rol político que
tendrían los coordinadores estatales. Si se trata de contar con facilitadores
adminsitrativos que ayuden a coordinar proyectos entre la Federación y las
entidades, entonces lo que procede es nominar personal con ese perfil: administradores
con experiencia gerencial y burocrática que ayuden a destrabar procesos. Su
labor sería quitar obstáculos.
Pero ocurre que los futuros coordinadores
son políticos con aspiraciones en las entidades que representarán. De los 32
propuestos, 40% tiene experiencia legislativa, 30% experiencia en gobiernos
locales, 11 han sido dirigentes estatales de Morena y 11 han militado en otros
partidos políticos. Cinco de ellos compitieron recientemente por la gubernatura
ahí donde serán designados. Eso los convirtió en enemigos de los gobernadores
en funciones o electos, aunque ahora aseguran, como Delfina Gómez en el Estado
de México, que no le pondrán el pie al gobernador.
Carlos Lomelí fue candidato a gobernador
de Morena en Jalisco y perdió frente a Enrique Alfaro de Movimiento Ciudadano.
Ha dicho que su trabajo será de coordinación, pero ya anunció que dará
conferencia de prensa todos los días a las 6 de la mañana, como López Obrador.
Lo que Lomelí hará es competir por la atención pública frente al gobierno
estatal y erigirse como el mejor conducto para que el gobierno federal apoye a
sectores u organismos de Jalisco. El sector empresarial de esa entidad ha
expresado preocupación por el perfil de Lomelí y por las acusaciones de tráfico
de influencia y de vínculos con el crimen organizado. ¿Podrá Lomelí ser un
facilitador en Jalsico o se converitra en un obstáculo para el buen gobierno?
En Guerrero, el coordinador propuesto,
Pablo Amílcar Sandoval, criticó que el gobierno de Héctor Astudillo tuviera
“ansiedad” por pasar iniciativas en el último periodo de su Congreso. Aún no toma
posesión y ya está cuestionando el desempeño del gobierno. Para ser funcionales,
los delegados deben ser discretos y no intervenir en la marcha del gobierno
estatal. Por su perfil y porque muchos quieren ser gobernadores, la mayoría de los
coordinadores serán todo menos discretos y serán juzgadores de los actos del
gobierno estatal.
Llama la atención la pasividad de muchos
gobernadores quienes observan desde las penumbras cómo se gestan gubernaturas
paralelas que los afectarán. Solamente Enrique Alfaro ha expresado su rechazo y
anunció que su “relación con el Gobierno
de la República será directa con el presidente y con sus secretarios de estado”
y dijo que la figura de delegados vulnera principios constitucionales básicos y
lastima el espíritu del pacto federal.
El presidente nacional del PAN, Damián
Zepeda, afirmó que López Obrador está utilizando su amplio margen de victoria
para “imponer un control inadecuado a nivel local” y criticó el perfil de los
coordinadores propuestos ya que, según él, “no son perfiles técnicos ni
administrativos, sino netamente políticos, concretamente de operadores
electorales que van a ser una especie de virreyes”. Un gobernador del PRI
comentó en privado que la figura se crea para dos cosas: construir las
candidaturas de Morena a gobernador en los próximos años y cimentar la
estructura territorial del partido en los estados.
Si López Obrador quiere controlar los
excesos y la corrupción que muchos gobernadores han cometido en los últimos
años, ahí están los congresos locales donde Morena tendrá mayoría en al menos
18 entidades. Esa es la vía institucional para generar un sistema de pesos y
contrapesos que ayude a la rendición de cuentas.
