El Tribunal Constitucional de Rumanía ha anulado la primera vuelta de las elecciones presidenciales celebradas el 24 de noviembre de 2024, en las que el candidato ultranacionalista prorruso Călin Georgescu obtuvo el 22,9% de los votos. Esta decisión, tomada por unanimidad, se basa en la desclasificación de documentos que revelan una campaña de “ataques híbridos rusos” destinada a influir en el proceso electoral.
La anulación se produce apenas dos días antes de la prevista segunda vuelta entre Georgescu y la candidata europeísta Elena Lasconi, lo que obliga a reiniciar todo el proceso electoral desde el principio. Los candidatos deberán registrarse nuevamente y someterse a la validación de la Oficina Central Electoral. Además, la diáspora rumana, que ya había comenzado a votar, verá sus sufragios anulados.
El presidente Klaus Iohannis ha declarado que la anulación de las elecciones se debe a un problema de seguridad nacional y permanecerá en el cargo hasta la elección de un nuevo presidente. Por su parte, el primer ministro Marcel Ciolacu ha calificado la decisión del Tribunal Constitucional como “la única solución justa”, subrayando que los documentos desclasificados demuestran que el resultado “fue descaradamente distorsionado como consecuencia de la intervención de Rusia”.
La interferencia rusa en las elecciones rumanas ha sido confirmada por el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken. Informes de inteligencia desclasificados indican que la campaña de Georgescu fue favorecida por una estrategia de injerencia vinculada a un “actor estatal”, identificado por la prensa rumana como Rusia. Se detectó una red de 25.000 cuentas de TikTok y grupos de Telegram coordinados desde 2022, que amplificaron la presencia de Georgescu, respaldados … ‘.
La anulación de las elecciones ha generado duras críticas y protestas en el país, incluyendo manifestaciones a favor de la democracia y en contra del fascismo y Rusia. La comunidad internacional observa con atención el desarrollo de los acontecimientos en Rumanía, un país miembro de la Unión Europea y la OTAN, ante la evidencia de injerencia extranjera en sus procesos democráticos.