la abogada y defensora de derechos humanos Ruth Eleonora López fue arrestada en su residencia en San Salvador por agentes de la Policía Nacional Civil, en cumplimiento de una orden de detención administrativa emitida por la Fiscalía General de la República (FGR). La acusación inicial en su contra fue por el delito de peculado, supuestamente vinculado a su labor como asesora del exfuncionario Eugenio Chicas durante la administración de Salvador Sánchez Cerén .
Ruth López, nacida el 27 de septiembre de 1977 en San Salvador, es una abogada, notaria, docente universitaria, investigadora social y analista salvadoreña. Durante su infancia, su familia se trasladó a Nicaragua debido al conflicto armado en El Salvador, residiendo allí durante 11 años. Posteriormente, vivió en Cuba durante 16 años, donde cursó estudios de Derecho en la Universidad de La Habana. Se graduó en 1999 con honores, siendo reconocida como la mejor estudiante extranjera y la mejor estudiante de la Facultad de Derecho .
Tras su regreso a El Salvador en 2008, López se integró al servicio público, desempeñándose en diversas instituciones estatales. Entre 2008 y 2014, trabajó en el Tribunal Supremo Electoral (TSE), contribuyendo al fortalecimiento de los procesos democráticos y la transparencia electoral. Posteriormente, entre 2014 y 2019, laboró en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), participando en procesos de supervisión legal y administrativa, y promoviendo la ampliación de la cobertura para salvadoreños en el exterior y trabajadores independientes .
Además, formó parte de la Junta Directiva de la Superintendencia de Competencia desde 2014 hasta 2021, donde impulsó prácticas legales enfocadas en la regulación del mercado. Durante su gestión, se impusieron multas superiores a 8 millones de dólares a empresas por prácticas anticompetitivas en diversos sectores económicos .
En diciembre de 2024, fue reconocida por la BBC como una de las 100 mujeres más inspiradoras e influyentes del mundo .
Tras su detención, López permaneció incomunicada por más de 40 horas, sin que sus familiares ni su equipo legal conocieran su paradero. No fue sino hasta el 20 de mayo que su madre, Eleonora Alfaro, pudo visitarla en las instalaciones de la División de Tránsito de la Policía Nacional Civil, donde se encontraba detenida. Esta situación fue denunciada por la organización Cristosal como una desaparición forzada de corto plazo, señalando la falta de transparencia y el incumplimiento de las garantías procesales .
La presentación de López ante un juez se realizó más de dos semanas después de su arresto, excediendo el límite constitucional de 72 horas para la detención sin audiencia judicial. No obstante, las autoridades argumentaron que el procedimiento se encontraba dentro del plazo de 15 días permitido por el régimen de excepción vigente desde marzo de 2022 .
Posteriormente, la Fiscalía modificó la imputación contra López, acusándola de enriquecimiento ilícito en lugar de peculado. En respuesta, Cristosal presentó una demanda de habeas corpus ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, solicitando su liberación inmediata y denunciando la arbitrariedad de su detención .
Desde marzo de 2022, El Salvador ha estado bajo un régimen de excepción que suspende varios derechos constitucionales, facilitando arrestos masivos de presuntos pandilleros. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos han denunciado que estas medidas se han extendido a la persecución de activistas, periodistas y opositores políticos .
La detención de Ruth López se enmarca en una serie de acciones gubernamentales contra activistas y defensores de derechos humanos. La semana pasada, otro activista, Alejandro Henríquez, miembro del Foro del Agua, fue detenido, acusado de los delitos de desórdenes públicos y resistencia, por haber apoyado una manifest … .
Diversas organizaciones nacionales e internacionales, incluyendo Human Rights Watch y la Asociación del Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York, han expresado su preocupación por la detención de López, considerándola parte de un patrón de represión contra defensores de derechos humanos y críticos del gobierno de Nayib Bukele .
Noah Bullock, director de Cristosal, declaró: “No es un ataque a una persona. Es un mensaje al movimiento por los derechos humanos” .
El caso de Ruth López pone de manifiesto las tensiones entre las políticas de seguridad del gobierno salvadoreño y el respeto a los derechos humanos. Mientras las autoridades defienden el régimen de excepción como una herramienta necesaria para combatir la criminalidad, organizaciones nacionales e internacionales alertan sobre el uso de estas medidas para silenciar voces críticas y erosionar las garantías democráticas. La comunidad internacional observa con preocupación la situación en El Salvador, instando al gobierno a respetar los derechos fundamentales y garantizar un debido proceso para todos los ciudadanos .
