El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, es señalado por impulsar de manera estratégica la proyección política de su esposa, Mariana Rodríguez Cantú, en un contexto que combina reformas legales y una campaña intensa de exposición en redes sociales con altos recursos económicos. La información difundida por medios de investigación indica que el mandatario estatal busca allanar el camino para que Rodríguez sea una candidata competitiva de cara a la gubernatura de Nuevo León en 2027 mediante diversas acciones que han generado debate sobre el uso de recursos públicos, promoción personalizada y el papel de la primera dama en la vida política de la entidad.
Entre los elementos centrales de este impulso se encuentra una propuesta de reforma electoral de paridad de género que obligaría a todos los partidos a postular a una mujer en la elección de 2027, una modificación que, según críticos, beneficia directamente la eventual candidatura de Rodríguez al aprovechar disposiciones legales para garantizar espacios políticos a mujeres vinculadas al actual gobierno. La reforma ha sido presentada en un momento en el que aumenta la presencia mediática de la primera dama, lo que ha despertado cuestionamientos sobre la coincidencia entre una decisión de carácter normativo y los intereses particulares de una figura asociada al Ejecutivo estatal.
Paralelamente, la estrategia de promoción de Mariana Rodríguez se ha sostenido con campañas de publicidad en redes sociales en las que se han invertido cantidades significativas de dinero. Datos de la Biblioteca de Anuncios de plataformas como Meta y Google señalan que en un periodo reciente, entre el 15 de julio y el 12 de octubre de este año, la pareja gastó alrededor de 10 millones de pesos en pautas publicitarias para promover contenidos relacionados con el gobernador y las actividades de Rodríguez, incluidos mensajes vinculados al proyecto “Amar a Nuevo León”, que ella encabeza de manera honorífica, y la difusión de momentos familiares o personales que trascienden lo meramente gubernamental.
En este contexto, la promoción de Rodríguez se mezcla con la gestión oficial del gobierno de Nuevo León, que figura entre los cinco gobiernos estatales con mayor gasto en publicidad digital. La vocera oficial ha señalado que la contratación de pauta para estos contenidos fue realizada por el propio gobernador y su esposa, aunque en algunos registros también aparece como pagada desde la cuenta del gobierno estatal, lo que abre espacios para el escrutinio sobre la separación de recursos públicos y actividades de proyección individual.
El debate sobre este impulso mediático y político no es nuevo en la trayectoria de García y Rodríguez. Anteriormente, el Instituto Nacional Electoral (INE) sancionó al gobernador y a su partido, Movimiento Ciudadano, por la promoción de contenidos relacionados con la campaña de García en 2021 a través de las redes sociales de Rodríguez, con multas por publicidad no reportada en los informes de gastos de campaña, lo que refleja una historia de tensión entre sus estrategias de comunicación y la normativa electoral mexicana.
El proyecto de Rodríguez, denominado “Amar a Nuevo León”, ha sido presentado como una iniciativa de apoyo social y bienestar, aunque su creciente presencia en redes y medios ha generado cuestionamientos sobre la línea que separa su función como primera dama y su posible proyección como futura candidata. Analistas políticos señalan que la combinación de reformas electorales, campañas con recursos significativos y la visibilidad pública de Rodríguez sugieren una estrategia coordinada para fortalecer su perfil ante una eventual contienda electoral en los próximos años, lo que plantea interrogantes sobre la equidad en el acceso a espacios de representación política y el uso de instrumentos del Estado con fines de consolidación de liderazgo personal.
La discusión sobre este impulso ha permeado en la opinión pública y en sectores de la sociedad civil que consideran que la utilización de reformas legales y la inversión constante en difusión personal pueden afectar la percepción de imparcialidad en los procesos electorales, así como poner en evidencia la necesidad de claridad en el manejo de recursos y en la delimitación de funciones entre la gestión pública y las aspiraciones políticas particulares.
