En el municipio de Bacalar, en el estado de Quintana Roo, se han reactivado las obras destinadas a una casa de descanso para personal militar que impulsa la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Estas labores se reinician pese a que el proyecto generó protestas de la comunidad, intervenidas por colectivos ambientalistas que denunciaron la falta de consulta pública.
La Sedena presentó el proyecto como una rehabilitación de un inmueble ya existente con “desgaste y daños estructurales”, lo que, según la dependencia, le permitió obtener una exención de presentar un estudio de impacto ambiental. Vecinos y organizaciones consideran, sin embargo, que se trata de una obra mayor que no fue debidamente informada ni consultada, y que podría afectar el entorno lacustre de la laguna conocida como la “Laguna de los Siete Colores”.
A mediados de 2025, un juez federal otorgó una suspensión provisional de las obras, al estimar que debía evaluarse el efecto que tendría la intervención en los factores bióticos y abióticos del ecosistema del área. No obstante, el reinicio de los trabajos ha generado inquietud entre habitantes, pues consideran que la obra daña la franja federal de 20 metros junto al agua que tradicionalmente ha sido de uso público.
Por su parte, la Semarnat —Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales— justificó la exención del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) al argumentar que la intervención “no genera desequilibrio ecológico ni transgrede la normatividad aplicable”. Aun así, expertos y activistas advierten que las obras implican relleno y extracción de suelo junto a la laguna, lo cual podría acelerar la degradación del cuerpo de agua dulce.
El conflicto sigue abierto, con la comunidad local demandando transparencia y cumplimiento de la ley. A la fecha, la reactivación de las obras reaviva el debate sobre el equilibrio entre desarrollo, seguridad nacional y cuidado ambiental en un entorno de alto valor ecológico y turístico.
