Por: Ernesto Guerra de la Peña.
A comienzos del presente año escribí un artículo relacionado con las condiciones precarias en las que se encuentran las cárceles en Yucatán y los abusos cometidos en contra de los internos (Revista peninsular, Justicia tras las rejas). Lamentablemente, hasta la fecha no ha habido un avance significativo en la mejora de los centros penitenciarios, por lo que decidí retomar el tema.
Según el artículo 11 del “Reglamento Interior de los Centros de Reinserción en el Estado de Yucatán” el principal objetivo de los servidores públicos que laboran en los centros penitenciarios debe ser: “Garantizar la convivencia pacífica, armónica, ordenada y segura de las personas internas, con absoluto respeto a sus derechos humanos”. ¿Pero estas condiciones de seguridad se cumplen? No. Tan sólo en este año se han reportado tres decesos en las cárceles relacionados con suicidios, en los municipios de Teabo y Baca, debido a falta de vigilancia por parte del personal.
Uno de los conflictos más graves a los que se enfrenta la mayoría de las cárceles es la falta de capacitación de los servidores públicos. Existen municipios en donde los elementos de seguridad desconocen cuál es su labor y responsabilidades debido a que los centros penitenciarios no incluyen en la capacitación de su personal los reglamentos y manuales internos; según reportó la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY).
Otras de las problemáticas de las penitenciarías de Yucatán, de acuerdo a un diagnóstico realizado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), son: la falta de programas de prevención, los precarios servicios de salud y la falta de miembros seguridad y custodia.
Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, también llamadas, “Reglas Mandela”, indican que las condiciones de encarcelamiento deben ser dignas y propiciar que personas privadas de su libertad puedan reintegrarse a la sociedad, sin ser discriminadas.
En Yucatán es urgente que la nueva administración gubernamental y las autoridades judiciales actúen ante este conflicto, la cual no mejorará si el tema no se toma con la importancia que merece. Las “Normas Internacionales de Derechos Humanos para Funcionarios de Instituciones Penitenciaras” mencionan: “Toda persona sometida a cualquier forma de detención o prisión será tratado con el respeto a la dignidad inherente al ser humano”. Exijamos que las personas que infringen la ley cumplan con su condena, pero respetando sus derechos humanos.
En mi publicación anterior, donde denuncie los errores de los centros penitenciaros que atentan contra los derechos humanos de los presos yucatecos, me asombró que la mayoría los comentarios, en la publicación en redes sociales, argumentaban que los hombres y mujeres privados de su liberad, por cometer un delito, no merecían tratos dignos, ni debían tener las condiciones de salubridad óptimas. Respeto todas las opiniones y valoro la confrontación de ideas, pero considero que si queremos construir un mundo más justo debemos de entender que los derechos humanos son inherentes al ser humano, independientemente de la condición legal que se tenga.
