La mañana del lunes, en la playa Bagdad del municipio de Matamoros, en el estado de Tamaulipas, fueron instalados seis letreros que declaraban que la zona era propiedad del Departamento de Defensa de los Estados Unidos y advertían que el acceso no autorizado estaba prohibido.
La instalación de dichos señalamientos fue detectada por la organización ambientalista Conibio Global, cuyos integrantes informaron que varios hombres procedentes de Estados Unidos ingresaron al territorio nacional a través del cruce del Río Bravo con una embarcación, para colocar las estacas metálicas con los anuncios de “Área Restringida”.
Ante la denuncia, la Secretaría de Marina (Semar) retiró los letreros y emitió un comunicado en el que señaló que no pudo confirmar que estos hayan sido instalados por alguna autoridad estadounidense. Al mismo tiempo, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) iniciaron consultas técnicas y diplomáticas para esclarecer el incidente.
La presidenta Claudia Sheinbaum declaró que “sí había contratado una empresa” una agencia de EE.UU. para poner los letreros, pero que se debía revisar la situación en el marco de los tratados fronterizos vigentes.
Por su parte, Conibio Global advirtió que la zona donde fueron colocados los avisos es “ecológicamente sensible”, albergando especies protegidas como manatíes, cocodrilos y aves migratorias, por lo que la presencia de estos letreros provocó inquietud en materia ambiental y jurisdiccional.
Este suceso pone de relieve los desafíos que existen en la delimitación y vigilancia de la frontera marítima y fluvial entre México y Estados Unidos, así como el riesgo que implican incursiones no autorizadas o la instalación de señalizaciones sin el debido reconocimiento diplomático.
Las autoridades mexicanas han iniciado ya el proceso de revisión de mapas, instrumentos legales y procedimientos de coordinación binacional que permitan evitar la repetición de hechos similares, y determinar responsabilidades concretas.
En resumen, la aparición y posterior remoción de los letreros marca un nuevo episodio de tensión en la frontera norte de México, donde se cruzan asuntos de soberanía, seguridad, medio ambiente y relaciones exteriores.
