El Senado de la República aprobó este 19 de noviembre una nueva Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, con lo que endurece significativamente las penas para quienes cometan este ilícito.
El dictamen fue avalado en lo general con 110 votos a favor, sin oposición. En lo particular, la votación resultó en 95 apoyos y 12 rechazos. Ahora, el proyecto regresa a la Cámara de Diputados para que se analicen los cambios introducidos por el Senado.
Entre las reformas destaca la unificación del delito de extorsión a nivel nacional, de forma que exista un tipo penal homogéneo en las 32 entidades federativas. Hasta ahora, la falta de un marco legal uniforme dificultaba la persecución y sanción de este tipo de delitos. El nuevo decreto también modifica leyes como el Código Penal Federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley Nacional de Extinción de Dominio y la Ley Orgánica del Poder Judicial.
El castigo base por extorsión se eleva a entre 15 y 25 años de prisión, según la nueva legislación. Además, se han tipificado múltiples agravantes —hasta 34 — que pueden elevar la pena máxima hasta 42 años de cárcel en los casos más graves. Entre los escenarios más severos se encuentran extorsiones desde centros penitenciarios, el llamado “derecho de piso” a comerciantes, la práctica de “montachoques” (accidentes provocados para exigir dinero) y el uso de violencia.
La ley también incorpora modificaciones para castigar a servidores públicos: policías, agentes del Ministerio Público, directores de centros penitenciarios y otros funcionarios que omitan denunciar extorsiones quedan sujetos a sanciones más severas. Otro punto relevante es la inclusión de delitos cometidos mediante medios electrónicos. Si la extorsión se realiza por teléfono, mensajería, redes sociales o cualquier plataforma digital, la pena es más alta.
Para reforzar la investigación y persecución de este delito, la reforma obliga a las fiscalías a tener unidades especializadas: policías, analistas y ministerios públicos entrenados y certificados para atender extorsión. También se establecen protocolos para proteger a víctimas, testigos y ofendidos a lo largo de todo el proceso, especialmente si están en riesgo su vida, libertad o integridad física o mental.
En materia tecnológica, la ley prevé medidas para inhibir la extorsión desde cárceles: da 180 días hábiles a los centros penitenciarios para restringir la comunicación de reclusos por dispositivos electrónicos capaces de emitir voz o datos. Asimismo, los bienes obtenidos mediante delitos de extorsión que sean sujetos de extinción de dominio deberán utilizarse preferentemente para la reparación a las víctimas.
El presidente de la Comisión de Justicia del Senado, Javier Corral, comentó que estas reformas cierran “rendijas” legales que habían permitido la impunidad en casos de extorsión. Por su parte, legisladores han reconocido que, aunque se han dado pasos firmes para castigar este delito, persisten preocupaciones sobre la falta de presupuesto para aplicar la ley de forma efectiva.
Con esta nueva ley, el Senado busca enviar un mensaje claro de tolerancia cero frente a la extorsión. La aprobación por unanimidad refleja una demanda ciudadana creciente y la urgencia de fortalecer el Estado de derecho ante un delito que afecta gravemente tanto a personas como a empresas en todo el país.
