El Senado de la República aprobó este jueves sancionar toda actividad relacionada con los vapeadores y el fentanilo de uso ilícito, con 86 votos a favor y 39 en contra. La reforma implica modificaciones al artículo cuarto constitucional, que ahora busca sancionar la producción, distribución, y enajenación de dispositivos como cigarrillos electrónicos, vapeadores y sustancias tóxicas, así como el uso ilícito del fentanilo y otras drogas sintéticas no autorizadas. Además, el artículo quinto establece la prohibición de la profesión, industria, comercio y cualquier actividad vinculada con estos dispositivos.
La iniciativa generó un fuerte rechazo entre la oposición, que, aunque votó a favor en lo general, se mostró crítica respecto a la inclusión del fentanilo en la Constitución. Varios legisladores acusaron que la medida busca enviar un mensaje político al presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, en lugar de abordar una verdadera problemática interna.
Ricardo Anaya, del PAN, cuestionó la decisión de poner el fentanilo en la Constitución y no otras drogas como la cocaína o la heroína, sugiriendo que se trata de una estrategia para “mandar un mensaje” al vecino país. “Están usando la Constitución para enviar un mensaje a Donald Trump, porque la crisis del fentanilo no es una crisis mexicana, es una crisis gringa”, afirmó el panista.
Por su parte, la senadora Susana Zataraín también criticó la medida, argumentando que se estaba “metiendo en la libertad de las personas” al prohibir el uso de vapeadores, citando como ejemplo la experiencia personal del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien se opuso al consumo de estos dispositivos debido a que su hijo los utilizaba.
La reforma también fue cuestionada por otros partidos, como el PRI, a través de la senadora Carolina Viggiano, quien propuso regular en lugar de prohibir, sugiriendo que un enfoque prohibitivo podría generar más problemas. Sin embargo, su reserva no fue aceptada.
La bancada de Movimiento Ciudadano votó en contra tanto en lo general como en lo particular. La senadora Amalia García hizo alusión a la época de la prohibición del alcohol en Estados Unidos, señalando que medidas como esta solo fomentan el crecimiento de los cárteles, el aumento del consumo y la corrupción.
Por otro lado, Enrique Insunza, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, defendió el dictamen, argumentando que la reforma no solo busca proteger la salud pública, sino también fortalecer la seguridad y combatir el crimen organizado. “Estamos dejando testimonio de la posición del Estado mexicano frente al concierto internacional de que la protección y el bienestar de todas las personas son la razón de ser de las instituciones”, destacó.
El dictamen aprobado ahora pasará a las legislaturas locales para su validación y posible incorporación a la Constitución.
