El Senado de la República aprobó una reforma al artículo 19 de la Constitución, ampliando el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Con esta medida, se incluyen ahora delitos como extorsión, producción, importación y exportación de drogas sintéticas como el fentanilo, contrabando y actividades relacionadas con comprobantes fiscales falsos.
La aprobación obtuvo un respaldo mayoritario, con 94 votos a favor y 34 en contra. La iniciativa fue apoyada por senadores de diversas bancadas, destacando los votos favorables de integrantes de Morena, sus aliados y algunos miembros del Partido Acción Nacional (PAN). Esto sorprendió a muchos, ya que previamente algunos legisladores del PAN habían manifestado su oposición a la reforma.
Durante el debate, legisladores de partidos como PAN, PRI y Movimiento Ciudadano señalaron posibles implicaciones de la reforma, como afectaciones a los derechos humanos y al principio de presunción de inocencia. Sin embargo, los defensores de la medida argumentaron que la inclusión de estos delitos era necesaria para fortalecer el combate al crimen organizado y proteger a la ciudadanía.
Entre los principales puntos a favor, se subrayó la urgencia de enfrentar delitos como la extorsión, que ha sembrado temor entre comerciantes, empresarios y agricultores, y de combatir la crisis de salud pública relacionada con el tráfico de fentanilo, cuyas consecuencias trascienden fronteras.
La reforma será enviada a los congresos estatales para su análisis y eventual ratificación. En caso de ser aprobada por la mayoría de las legislaturas locales, se incorporará oficialmente al marco constitucional, ampliando las facultades del sistema judicial para aplicar prisión preventiva oficiosa en los delitos mencionados.
Esta decisión marca un punto clave en el debate nacional sobre seguridad pública, donde se busca equilibrar la eficacia en el combate al crimen con el respeto a los derechos fundamentales.
