Especial/La Revista
La senadora Angélica Araujo Lara presentó la iniciativa que expide la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, la reforma, debe ser un motor de desarrollo con el poder de cambiar y mejorar las condiciones de vida de todas las personas.
De acuerdo con cifras del Consejo Nacional de Población, en 2010 México contaba con una población urbana del 72%, para 2030 se espera este porcentaje se incremente a 83. Esto significa que las proyecciones actuales consideran que en 2030, 114 millones de personas habitarán en las ciudades del país.
Con el modelo urbano actual, al desarrollarse el crecimiento de centros de población que no cuenten con el debido equipamiento público, será necesario que las personas vean incrementadas las distancias y los trayectos que deberán recorrer para trasladarse a las escuelas, centros de trabajo, de salud y esparcimiento con el correspondiente costo social reflejado en un desgaste de los ciudadanos, una afectación mayor al medio ambiente y la agudización de la inequidad y desigualdad socio-económica.
Las ciudades son un ecosistema que se construye y modifica diariamente con las millones de acciones y decisiones de todas las personas que la habitan. Debido a esto, requieren una gran flexibilidad para adaptarse ante un entorno en constante evolución, el rol del gobierno en el desarrollo urbano es el de asegurar que sea ordenado, equitativo y sustentable; preparando la infraestructura para ello, las políticas públicas y los instrumentos que lo permitan, afirmó la parlamentaria.
Con la presentación de este documento, que contó con el apoyo de las fracciones del PRI, el PAN y el PRD, se da cauce a horas y horas de trabajo en foros, reuniones multidisciplinarias de trabajo y análisis que han hecho posible que entre gobierno, academia y sociedad civil se llegue a una propuesta que, aunque como cualquier legislación puede resultar perfectible, podemos asegurarles que es un trabajo serio con un planteamiento sólido que busca garantizar a todos el derecho a la ciudad.
El reto, recalcó la también presidenta de la comisión de Protección Civil, es garantizar que la urbanización ocurra solamente en las áreas adecuadas para ello, evitando usos urbanos en zonas de riesgo, en las áreas de alto valor agrológico y ambiental, en las que se recargan los acuíferos y en las que han sido consideradas de alto valor patrimonial y paisajístico. Al tiempo, se deberá proteger las zonas de valor ambiental, que le permitan a la ciudad mayor resiliencia contra los fenómenos naturales, sobre todo ante los nuevos retos del cambio climático.
La Ley General de Asentamientos Humanos data de 1993 y a veintitrés años de su promulgación se encuentra desfasada e imposibilitada para superar los retos que enfrentan actualmente las ciudades.
Fuera el fuero, no más impunidad o pretexto para la corrupción
Por su parte, el senador panista, Daniel Avila Ruiz expuso que el fuero Constitucional no debe ser utilizado por servidores públicos y legisladores como inmunidad ante conductas ilícitas como actos de corrupción o incluso violación a las leyes establecidas; por ello, es importante que en esta ocasión, esta figura desaparezca.
“El PAN presentó en septiembre de 2012 una iniciativa para retirar el fuero a diputados federales, senadores, a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de Federación; sin embargo, lamentablemente no prosperó, por ello me adhiero a esta nueva iniciativa”, apuntó el legislador por Yucatán.
Asimismo, respaldó en sus términos la iniciativa respecto al juicio político como método de control del poder público y para fortalecer el esquema de pesos y contrapesos, toda vez que por el momento, el Artículo 7 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos sólo contempla ocho supuestos tipificadas como actividades ilícitas o casi delictivas, y si no encuadra en estas conductas, no procede.
“En Acción Nacional lo hemos dicho, no más impunidad, fuera el fuero porque sólo es pretexto para fomentar la corrupción por parte de malos servidores públicos o legisladores”, abundó.
Ávila Ruiz sostuvo que el fuero ha sido mal interpretado, pues su concepción fue para evitar el abuso de las dictaduras que disolvían congresos, o metían a la cárcel a diputados que se atrevían a levantar la voz para criticar a gobiernos autoritarios.
Por otra parte, recordó que en algunos casos, como Jalisco, el congreso local ya aprobó una iniciativa de esta naturaleza; mientras que en Yucatán, el pasado 29 de agosto, el mandatario local, Rolando Zapata, presentó una iniciativa similar, aunque no se considera a magistrados del Poder Judicial del Estado, de los Tribunales Electoral y de Justicia Administrativa, así como de los consejeros de la Judicatura, bajo el argumento de que se requiere salvaguardar su independencia y protegerlos de presiones e interferencias en su labor.
“Celebro que en el Senado se retome este tema del fuero Constitucional, pero además, se analice establecer mejores parámetros para el juicio político; pues estos instrumentos legales que contribuyan a combatir la corrupción”, concluyó.
