La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, condenó públicamente el asesinato del sacerdote Marcelo Pérez Pérez, un reconocido defensor de los derechos de los pueblos indígenas en Chiapas, ocurrido el 20 de octubre de 2024. Durante su conferencia matutina, Sheinbaum aseguró que el Gobierno Federal ya ha iniciado una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos y llevar a los responsables ante la justicia, subrayando que “este crimen no quedará impune”.
Sheinbaum destacó que Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), ha estado en contacto con las autoridades estatales y la Diócesis de San Cristóbal de las Casas para coordinar los esfuerzos de investigación. Asimismo, se espera que en los próximos días se realicen reuniones con el gobernador saliente de Chiapas, Rutilio Escandón, y el entrante, Eduardo Ramírez Aguilar, para reforzar la estrategia de seguridad en la región, que ha estado marcada por la violencia del crimen organizado.
El padre Marcelo Pérez Pérez, de origen tzotzil, era conocido por su activismo en defensa de las comunidades indígenas y por su participación en marchas y demandas de paz en el estado. La Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas informó que el sacerdote fue asesinado mientras se dirigía a la Iglesia de Guadalupe en San Cristóbal de las Casas, cuando dos individuos a bordo de una motocicleta dispararon contra el vehículo en el que viajaba.
El asesinato del sacerdote ha generado gran indignación, no solo por su carácter violento, sino también porque el padre Marcelo había sido objeto de amenazas y agresiones durante casi una década. Contaba con medidas de protección emitidas por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) debido a su labor en defensa de los derechos humanos en Chiapas. A pesar de estas medidas, al momento del atentado, el padre viajaba solo, lo que ha generado cuestionamientos sobre la efectividad de las protecciones otorgadas.
Marcelo Pérez había denunciado en múltiples ocasiones el aumento de la violencia, los secuestros y los desplazamientos forzados en los Altos de Chiapas, atribuidos al creciente poder de grupos criminales en la región. Recientemente, el sacerdote había revelado a medios locales que se había puesto “precio a su cabeza”, con recompensas de hasta un millón de pesos ofrecidas por su asesinato.
La Compañía de Jesús condenó el asesinato y exigió a las autoridades de los tres niveles de gobierno que tomen medidas inmediatas para proteger a las comunidades chiapanecas, que continúan siendo asediadas por el crimen organizado. La muerte de Pérez Pérez es vista como un ataque a la lucha por la paz en una región que ha sido severamente golpeada por la violencia.
La presidenta Sheinbaum reafirmó su compromiso de investigar a fondo este asesinato y pidió que se fortalezca la seguridad en las comunidades indígenas, destacando la urgencia de enfrentar las amenazas del crimen organizado y proteger a aquellos que luchan por los derechos de los más vulnerables.
Este trágico evento pone en relieve la crisis de seguridad en algunas partes del sur de México, donde los activistas y defensores de derechos humanos continúan enfrentando serios riesgos a su vida debido a sus esfuerzos por mejorar las condiciones sociales y combatir la impunidad de las organizaciones delictivas.
