La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reafirmó este 3 de diciembre su respaldo a la reforma de la Ley General de Aguas Nacionales, a pesar de las protestas y movilizaciones de agricultores y productores en diversas regiones del país. En diálogo con medios, Sheinbaum explicó que la esencia de la propuesta radica en defender el agua como un bien colectivo, no como mercancía, con el objetivo de proteger el recurso natural, prevenir su sobreexplotación y asegurar un acceso equitativo para toda la población.
La iniciativa plantea que toda transmisión de derechos de agua —como concesiones, venta o herencias— esté supervisada por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), bajo criterios de transparencia y regulación, con la intención de poner orden en un sistema que, según las autoridades, acumulaba irregularidades, concesiones múltiples y venta ilegal del vital líquido a municipios. Sheinbaum ha asegurado que parte del problema es que “muchos tienen concesiones que no utilizan y las venden para lucrar”, por lo que la ley busca cerrar esos vacíos.
En su defensa, la mandataria afirmó que la reforma —lejos de cortar el acceso al agua para agricultores honestos— busca eliminar privilegios y abusos que han permitido el acaparamiento de derechos, y garantizar que el agua sea entendida como un derecho humano esencial para todos. En ese contexto, Sheinbaum hizo un llamado a quienes se oponen argumentando pérdidas económicas: aseguró que quienes no aceptan los cambios son quienes hasta ahora han mantenido “privilegios” sobre el agua.
La reforma ha generado una reacción intensa del sector agrícola. Este mismo día, la Comisión de Recursos Hidráulicos aprobó el dictamen por 28 votos a favor, 10 en contra y 2 abstenciones, por lo que la iniciativa avanzará al pleno de la Cámara de Diputados para su discusión final. El sector agropecuario acusa que estos cambios podrían afectar concesiones, productividad y la seguridad alimentaria, argumentando que el nuevo marco limita sus derechos sobre pozos históricos y dificulta la transmisión de concesiones en caso de herencias o ventas.
Sin embargo, autoridades como Conagua aseguran que la actual regulación permitiría abusos y venta irregular del agua, lo que ha impactado negativamente en comunidades con escasez, y defienden la reforma como una medida necesaria para asegurar una distribución justa del recurso.
Al manifestar su convicción de avanzar en la reforma, Sheinbaum enfrentó críticas de productores y organizaciones campesinas, quienes han anunciado protestas, bloqueos y movilizaciones. Aun así, la administración federal sostiene que la ley protege el interés colectivo y que el agua debe garantizarse como derecho humano antes que convertirse en producto de lucro.
Esta controversia marca un momento crucial en la política hídrica de México. La decisión legislativa y su posterior implementación definirán no solo el marco regulatorio del agua, sino también las dinámicas de producción agrícola, la equidad en el acceso a recursos básicos y la sustentabilidad del uso del agua en el futuro del país.
