La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que presentará una demanda por difamación contra el abogado Jeffrey Lichtman, defensor del narcotraficante Ovidio Guzmán, debido a declaraciones en las que el litigante acusó a la mandataria de actuar como “el brazo de relaciones públicas de una organización narcotraficante”. Para Sheinbaum, estas palabras representan una falta de respeto no solo hacia su persona, sino hacia la investidura presidencial y las instituciones del país.
Durante una conferencia de prensa en Palacio Nacional, la presidenta fue contundente al afirmar que no habrá diálogo alguno con el abogado de un narcotraficante, y subrayó que este tipo de acusaciones no pueden ni deben ser ignoradas. La demanda se presentará a través de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, encabezada por Ernestina Godoy, quien se encargará de formalizar el proceso legal correspondiente.
La controversia surge en el marco del juicio que se lleva a cabo en Chicago contra Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Ovidio se declaró culpable de diversos cargos y aceptó colaborar con las autoridades de Estados Unidos a cambio de una posible reducción en su condena. Sin embargo, el abogado Jeffrey Lichtman ha expresado públicamente su inconformidad con el hecho de que México no haya sido incluido en las negociaciones judiciales, y aprovechó para lanzar acusaciones contra el gobierno mexicano.
En sus declaraciones, Lichtman también mencionó el caso del general Salvador Cienfuegos, quien fue detenido en 2020 por presuntos vínculos con el narcotráfico, pero posteriormente fue exonerado por la justicia mexicana tras la intervención del gobierno federal. Para el abogado, ese caso es un ejemplo de lo que calificó como “hipocresía” del sistema mexicano. Sin embargo, la presidenta defendió la legalidad del proceso, recordando que fue la propia Fiscalía General de la República la que explicó con detalle las razones por las que se retiraron los cargos.
Sheinbaum aseguró que su administración está comprometida con el combate al crimen organizado y los resultados hablan por sí solos. Señaló que la reducción en los índices de homicidios es reflejo de una estrategia firme de pacificación, y rechazó categóricamente cualquier insinuación de complicidad con el narcotráfico.
El abogado Lichtman, por su parte, respondió en redes sociales ratificando sus declaraciones, asegurando que son “veraces” y acusando a Sheinbaum de actuar como vocera del crimen organizado. Aseguró además que pronto dará a conocer más información sobre el tema, lo que sugiere que el conflicto aún está lejos de terminar.
Este enfrentamiento entre la mandataria mexicana y un abogado de alto perfil en Estados Unidos ha generado un intenso debate público sobre la libertad de expresión, la dignidad institucional y los límites del discurso político. La demanda podría convertirse en un caso emblemático que defina hasta dónde pueden llegar las críticas dirigidas a funcionarios de alto nivel, y cómo deben responder los gobiernos democráticos ante señalamientos que rozan el desprestigio personal y la difamación.
A medida que el proceso legal avance, será clave observar cómo responde el sistema judicial mexicano y si esta acción se traduce en un precedente que disuada futuras declaraciones de ese tipo. Por ahora, Sheinbaum se mantiene firme en su postura: no permitirá que se menoscabe la imagen del gobierno mexicano por parte de quienes defienden a delincuentes confesos.
