La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, hizo un llamado enfático a la prudencia y a la legalidad en medio de la polémica que involucra a Adán Augusto López Hernández, exsecretario de Gobernación y actual senador, luego de que su exjefe de seguridad en Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, fuera acusado de presuntos vínculos con el crimen organizado. La mandataria dejó en claro que no se pueden hacer señalamientos sin fundamentos sólidos, y pidió que cualquier imputación se sustente en pruebas y no en dichos.
Sheinbaum subrayó que hasta el momento no existe ninguna investigación formal contra López Hernández, por lo que consideró injusto establecer juicios basados en especulaciones o percepciones políticas. Aseguró que la responsabilidad de esclarecer los hechos recae en la Fiscalía General de la República (FGR), y confió en que se procederá con imparcialidad y transparencia.
Además, la presidenta consideró pertinente que el propio senador emita su versión sobre lo ocurrido, no como una obligación política, sino como un acto de transparencia frente a la ciudadanía. Dijo que es importante escuchar su perspectiva sobre la trayectoria de Bermúdez Requena y su actuar durante el periodo en que fue titular de la Secretaría de Seguridad Pública en Tabasco.
Sheinbaum también recordó que durante la administración de Adán Augusto como gobernador de Tabasco, los índices de homicidios mostraron una reducción significativa, y que el aumento en los niveles de violencia se registró tras su salida del cargo. Con base en esto, pidió al Gabinete de Seguridad Nacional que aclare desde cuándo se tenía información sobre las actividades del exfuncionario, para disipar cualquier sospecha sobre encubrimientos o negligencia institucional.
Enfatizó que su postura no responde a presiones partidistas ni a la intención de deslindar responsabilidades, sino a la necesidad de mantener la integridad de las investigaciones y respetar la presunción de inocencia. Señaló que es responsabilidad del gobierno federal garantizar que se actúe conforme a derecho y con el respaldo de evidencia clara.
Con este posicionamiento, la presidenta refuerza su compromiso con un ejercicio de gobierno que no se base en linchamientos mediáticos ni en juicios anticipados, sino en procesos judiciales bien sustentados y respetuosos del Estado de Derecho.
