La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó el domingo una estrategia integral para el estado de Michoacán a fin de contener la creciente violencia ligada al crimen organizado.
El plan, denominado Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, contempla un despliegue de más de 10 500 efectivos de las fuerzas federales —incluyendo el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional— y una inversión estimada en 57 000 millones de pesos (aproximadamente 3 100 millones de dólares) para acciones de seguridad, desarrollo económico y programas sociales.
Sheinbaum aseguró que “La seguridad y la paz son frutos de la justicia. No traicionaremos la confianza del pueblo”. Además, en su intervención dijo que “se hace un esfuerzo especial para los michoacanos”.
La urgencia del anuncio se deriva de un episodio que sacudió al estado: el asesinato del alcalde de Carlos Alberto Manzo, de la ciudad de Uruapan, ocurrido el 1 de noviembre de 2025, durante la festividad del Día de Muertos. El homicidio del funcionario despertó protestas y exigencias de acción inmediata por parte de la población.
El plan contempla tres ejes principales: seguridad y justicia; desarrollo económico; y educación y cultura para la paz. En virtud de ello, además del incremento de personal militar, se prevén apoyos a productores agrícolas afectados por extorsión, becas estudiantiles para jóvenes, inversión en infraestructura vial y nuevos mecanismos de denuncia anónima.
La operación también refuerza la Fiscalía estatal con unidad especial para indagar crímenes de alto impacto como homicidios y extorsión, y prevé reuniones quincenales del gabinete de seguridad federal para dar seguimiento al progreso.
Aunque el anuncio representa un cambio de rumbo —ya que Michoacán ha sido escenario de violencia persistente durante años—, los desafíos siguen siendo enormes. Será clave la implementación de las medidas, el control del recurso asignado y la coordinación entre los distintos niveles de gobierno para que los ciudadanos perciban mejoras reales.
