La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó el informe emitido por el Comité contra la Desaparición Forzada, vinculado a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), al cuestionar tanto su legitimidad como el alcance de sus conclusiones sobre la situación de desapariciones en el país.
Durante sus declaraciones, la mandataria sostuvo que el organismo responsable del documento “no es un comité de la ONU”, poniendo en duda su carácter oficial y la validez de sus observaciones. Asimismo, enfatizó que el informe no refleja de manera precisa la realidad actual de México ni los avances implementados por su administración en materia de búsqueda y localización de personas.
El posicionamiento del gobierno federal surge luego de que el comité internacional señalara la existencia de “indicios bien fundados” de desapariciones forzadas en México, las cuales podrían constituir crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, Sheinbaum subrayó que dicho análisis se basa en información limitada y en periodos anteriores a los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación.
En la misma línea, autoridades mexicanas han calificado el informe como “tendencioso” y han señalado que carece de rigor jurídico, además de no considerar las actualizaciones y datos proporcionados por el Estado mexicano en los últimos años.
El gobierno también ha insistido en que muchas de las desapariciones registradas en el país están relacionadas con la delincuencia organizada y no con una política sistemática del Estado. En ese sentido, ha reiterado su rechazo a cualquier señalamiento que sugiera la participación directa o indirecta de instituciones gubernamentales en estos hechos.
Por su parte, el comité internacional ha solicitado que la situación de México sea elevada a la Asamblea General de la ONU, con el objetivo de promover una mayor atención y cooperación internacional frente a la crisis de desapariciones que enfrenta el país.
Este intercambio de posturas refleja la creciente tensión entre el gobierno mexicano y organismos internacionales en torno a la interpretación y atención de uno de los problemas más sensibles en materia de derechos humanos. Mientras las autoridades defienden sus avances y cuestionan la metodología del informe, instancias internacionales continúan señalando la necesidad de fortalecer las acciones para atender esta problemática de manera integral.
