El 15 de septiembre de 2024 se publicó oficialmente la reforma judicial en el Diario Oficial de la Federación, marcando un hito significativo en el proceso de transformación del sistema judicial mexicano. Esta reforma, promovida por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, fue firmada en su presencia con la futura presidenta de México, Claudia Sheinbaum, actuando como testigo.
Sheinbaum ha sido una firme defensora de esta reforma, la cual plantea la elección de jueces, magistrados y ministros por medio del voto ciudadano, con el objetivo de erradicar la corrupción y fortalecer el acceso a la justicia. Durante el acto de publicación, Sheinbaum reiteró su apoyo y afirmó que la medida “fortalecerá la impartición de justicia en nuestro país” y que la corrupción y los privilegios que caracterizaron al sistema judicial están quedando “en el pasado”.
Sin embargo, la reforma ha generado un intenso debate. Sus detractores, incluyendo miembros de la oposición y especialistas, argumentan que la elección popular de jueces podría derivar en decisiones judiciales basadas en popularidad y no en méritos legales, lo que a su vez podría favorecer la reelección indefinida de ciertos jueces.
A pesar de estas críticas, la reforma avanzó con una votación de 86 votos a favor y 41 en contra en el Senado.
Recientemente, Sheinbaum también se pronunció en contra de los intentos de la Suprema Corte de Justicia de revisar la reforma, enfatizando que el tribunal “no puede poner limitaciones en lo que ya es una reforma constitucional”.
Esta confrontación ha puesto de relieve las tensiones entre el Ejecutivo y el Poder Judicial, en un contexto donde la reforma busca redefinir el balance de poderes en México.
El siguiente paso para la reforma será su revisión por los congresos locales. Se necesita la aprobación de al menos 17 legislaturas estatales para que entre en vigor, un pro
ceso que será seguido de cerca por los actores políticos y la sociedad en general.
