La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y la jueza Nancy Juárez Salas han protagonizado un debate público en torno a la reforma al Poder Judicial, que busca modificar la forma en que se eligen jueces y magistrados, pasando a un sistema de voto popular. La reforma ha suscitado controversia, y varios jueces, incluidos Juárez Salas, han interpuesto amparos para detener su implementación, lo que ha sido duramente criticado por la presidenta.
Durante su conferencia de prensa del 22 de octubre, Sheinbaum reafirmó su postura, aludiendo al artículo 61 de la Ley de Amparo, el cual establece que los amparos no son procedentes en casos de reformas constitucionales. Según Sheinbaum, el amparo interpuesto por Juárez Salas sería improcedente bajo esta disposición, y acusó a la jueza de estar en desacato por intentar bloquear la reforma.
Nancy Juárez Salas, por su parte, defendió la validez de los amparos. La jueza explicó que su acción legal no es contra la reforma en sí, sino contra el proceso intra legislativo, es decir, contra la forma en que se llevó a cabo la aprobación de la reforma, lo que según ella no está protegido por el artículo 61 de la Ley de Amparo. Juárez subrayó que los jueces tienen la responsabilidad de ser guardianes de la Constitución, lo que justifica su actuación.
En respuesta a las afirmaciones de Sheinbaum, la jueza mencionó que existe una interpretación incorrecta del artículo 61. Además, apeló al artículo 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, el cual garantiza un recurso efectivo para proteger los derechos de los ciudadanos. Según Juárez, esta disposición internacional permitiría que el amparo sea procedente.
Claudia Sheinbaum ha mantenido que los amparos interpuestos por jueces y magistrados, incluida la jueza Juárez, son intentos de mantener los privilegios que gozan los miembros del Poder Judicial. Sheinbaum ha criticado duramente los elevados salarios de los funcionarios judiciales, mencionando que superan lo establecido por el artículo 127 de la Constitución, que regula los sueldos de los servidores públicos.
Según datos ofrecidos por Sheinbaum, un consejero de la judicatura gana 5.5 millones de pesos anuales, mientras que los magistrados y jueces reciben 4.4 y 4 millones, respectivamente. Además, afirmó que muchos jueces continúan recibiendo estos salarios, aun cuando tienen denuncias o sanciones en su contra, y mencionó específicamente a la jueza Juárez, quien ha sido señalada por denuncias de nepotismo y acoso laboral.
El conflicto entre Sheinbaum y la jueza Nancy Juárez Salas es un reflejo de las tensiones en torno a la reforma al Poder Judicial, una de las iniciativas más polémicas del gobierno actual. Mientras que la presidenta defiende la reforma como un paso hacia una mayor democratización y control del poder judicial, los jueces que han interpuesto amparos, como Juárez, sostienen que se trata de una medida inconstitucional que atenta contra la independencia del Poder Judicial. Este debate está lejos de resolverse y seguirá siendo un tema central en la política mexicana en los próximos meses.
