Razones, por: Jorge Fernández Menéndez.
El asesinato durante el fin de semana de más de 20 personas en San Miguel Totolapan, Guerrero, incluyendo al presidente municipal y a su padre, que antes había gobernado ese municipio, a siete policías municipales y a varios integrantes de las autodefensas, es un ejemplo claro de cómo se ha empoderado el crimen organizado de muchas zonas del país, ante una labor de contención de las autoridades federales y locales, que parecen llegar siempre tarde, simplemente para reparar algunos de los daños.
Pero lo que ocurre en esa zona de Guerrero, en el sur del Estado de México (en el entorno de Valle de Bravo), en parte de Michoacán, incluso de Morelos, resulta mucho más grave. Toda la región sur del Edomex, desde Ixtapan de la Sal hasta Tejupilco, Tlatlaya, Luvianos, Zacualpan, Temascaltepec, Sultepec y, por supuesto, Valle de Bravo, es una zona en disputa, en la que también, sin duda, opera el crimen organizado con fines de narcotráfico, pero allí la extorsión, el cobro de piso y el secuestro son la norma y generan una expoliación constante de la sociedad, que se siente cada vez más indefensa. Fijan hasta el precio de las tortillas.
Los que controlan esa zona son los sobrevivientes de la Familia Michoacana, encabezados por dos narcotraficantes, los hermanos Johnny y José Alfredo Hurtado Olascoaga, apodados El Pez y El Fresa. Sus contrapartes terminan siendo una suerte de franquicias, como en otros lugares del país, del Cártel Jalisco Nueva Generación, como serían los llamados Tequileros, a quienes se acusó de la masacre en San Miguel Totolapan.
El Fresa subió a redes un largo video, con playera de marca y reloj de lujo, de diez minutos, explicando que ese grupo los había intentado emboscar, pero que los suyos lograron sortear el ataque en el que murió el presidente municipal e incluso dijo que mataron a 20 integrantes de los Tequileros en un contraataque. Agregó que todos sabían que él vivía en esa comunidad, a unos metros de la presidencia municipal y que ahí seguía.
Todo indica que ese video, destinado a los medios de comunicación, en realidad sirvió para ocultar que el grupo que encabezan El Pez y El Fresa son los que ordenaron la masacre, que se vengaron del presidente municipal y de su gente, que no hubo tal enfrentamiento con los Tequileros y esa idea se refuerza por el bloqueo que realizaron transportistas para impedir a las fuerzas de seguridad ingresar a la cabecera municipal durante más de cinco horas.
Si esa versión, que avalan áreas de inteligencia federal, es cierta, la masacre para lo que ha servido es para consolidar el control de esa organización criminal en la región y, por otra parte, para exhibir nuevamente los enormes márgenes de impunidad de la que gozan para operar en tres estados de la República.
Es evidente que las fuerzas federales, como decíamos, reaccionan, contienen a los grupos criminales, llegan al recuento de daños, pero no se adelantan a ellos, por eso las políticas de seguridad no logran avanzar en buena parte del país, en ese 35 por ciento del territorio nacional que, según el Comando Norte del ejército de los Estados Unidos, no controla el gobierno federal.
¿Tan difícil será localizar a capos que controlan territorios, que suben largos videos, que aseguran que sus domicilios son públicos, que se exhiben cotidianamente en la región en la que operan? Mucho se ha hablado en las últimas semanas sobre la adscripción de la Guardia Nacional a la Sedena y sobre la participación de las Fuerzas Armadas en temas de seguridad pública, y el tema sigue sobre la mesa. Desde que comenzó ese debate hemos insistido en que no se ha ido al fondo del mismo: no se ha hablado del sistema de seguridad en sí, del sistema policial que necesitamos en el país, de cómo se puede construir algo que no tenemos, con militares o sin ellos, en la seguridad pública.
En ese debate se ha perdido de vista un tema central para combatir al crimen organizado o no: ¿quién investiga en México?, ¿qué institución del Estado se encarga de desarrollar tareas de investigación, de detectar delincuentes, redes, apoyos, formas de operación?, ¿quién judicializa esas investigaciones? La Fiscalía del Estado de México, por ejemplo, ofrece 500 mil pesos de recompensa para quien lleve a la detención de El Pez y El Fresa. ¿Alguien cree que por 500 mil pesos alguien traicionará a dos de los narcotraficantes más violentos de toda una región del país?
Nuestras policías de investigación, que son las que deberían guiar a la Guardia Nacional, a las fuerzas militares o incluso a las policías locales para localizar a los delincuentes, casi no existen, o no se ven, incluyendo a la Policía Federal de Investigación, ésa sí una policía civil con enormes atribuciones, de la que nadie habló en el Congreso y que no está siquiera en el debate público. La Guardia Nacional, el Ejército, la Marina y el CNI hacen inteligencia e investigación, a veces con acierto, muchas veces sin él, pero lo hacen en los límites de la ley.
Mientras no construyamos agencias de investigación, federal y estatales, sólidas, firmes, que puedan además trabajar mano a mano con las otras instancias de seguridad, sean militares o no, siempre llegaremos tarde. Ésa es otra de las grandes deficiencias de la actual estrategia de seguridad.
