Por: Joel Salas Suárez.
Recordemos la fotografía que le
dio la vuelta al mundo hace unos meses. Una niña desconsolada viendo a su madre
enfrentarse a la silueta de un oficial de la patrulla fronteriza estadounidense.
La imagen del fotógrafo John Moore dice más que mil palabras sobre lo que
enfrentan los migrantes indocumentados que buscan llegar a ese país: una
autoridad inflexible, resuelta a aplicar la ley, aunque ésta desconozca los
derechos humanos. ¿Y si esa niña fuera mexicana?
La Secretaría de Relaciones Exteriores
registra 29 casos de niñas y niños mexicanos que fueron separados de sus padres
en Estados Unidos debido a la política “tolerancia cero” promovida por la
administración del presidente Trump. Conocemos esta cifra gracias a la
preocupación ciudadana por saber de donde son esos migrantes, en qué partes de
Estados Unidos están y si han sido protegidos por el gobierno mexicano. El
recurso de revisión RRA 5203/18 es el
que nos ha permitido conocer esta preocupación tan genuina. El INAI instruyó a
la Secretaria de Relaciones Exteriores proporcionar información que responda a
las dudas ya mencionadas.
Un gran número de mexicanos tienen
familiares en el vecino país, saben las vicisitudes que enfrentaron para llegar
allá -por lo general lo hicieron de forma ilegal- y los riesgos que enfrentan
ante el endurecimiento de las políticas migratorias del actual gobierno
federal. En abril de 2018 se implementó
la política tolerancia cero como una
medida contra el incremento de inmigrantes ilegales en Estados Unidos. La
política consiste en que el Departamento de Justicia procese a migrantes
indocumentados como autores de un delito federal, los juzgue y haga enfrentar
un proceso penal. Los menores que iban con sus padres no podían ser enviados a
prisión con su familia, así que fueron apartados de sus padres. Hasta junio
pasado fueron separados más de 2 mil niños de sus padres. La mayoría de ellos provienen de
Centroamérica, principalmente de Honduras y El Salvador, sólo el 1%
son mexicanos.
La presión
internacional no se hizo esperar ante la flagrante violación de los derechos
humanos de los migrantes. Organismos internacionales y gobiernos de otros
países fueron claros: según
el derecho internacional la migración irregular
no es un delito. Los Estados deben tener en cuenta el interés superior de las
niñas y niños, brindar protección a la familia; y les corresponde
respetar y garantizar los derechos humanos de todos los migrantes, que son
derechos y libertades que se derivan de la dignidad humana. Finalmente, el 20 de junio, Donald Trump firmó un decreto para poner fin
a la política tolerancia cero. Sin
embargo, a inicios de septiembre, más de 500 menores seguían separados de sus
familias de acuerdo con cifras del New York Times.
El desplazamiento de personas entre
fronteras es cada vez más común a consecuencia de crisis políticas, económicas
o medioambientales, o de nuevos flujos en los mercados laborales. En este
contexto, la información pública juega y jugará un papel fundamental para que
la población conozca sus derechos, pueda exigirlos y ejercerlos. Recordemos que
para ejercer el derecho de acceso a la información en nuestro país no es
requisito ser mexicano. “Todo ser humano tiene el derecho a tener derechos”, fue
el principio planteado por la filósofa Hannah Arendt tras vivir como refugiada en
Estados Unidos durante el totalitarismo nazi. Sigamos este ideal informándonos
para defenderlo y llevarlo a la práctica.
Por consiguiente,
la información pública es una vía para que el gobierno mexicano demuestre que
dio seguimiento a cada caso de familias migrantes mexicanas separadas a causa
de la política tolerancia cero.
Asimismo, sirve para demostrar que mediante la diplomacia se buscó disuadir al
gobierno estadounidense de implementar una política similar en el futuro y que,
en coherencia con estas medidas, también protegerá los migrantes que residen o
atraviesan por nuestro territorio.
*Joel Salas Suárez
Comisionado del INAI y coordinador de la Comisión de
gobierno abierto y transparencia.
Twitter: @joelsas
