La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) alertaron sobre el agravamiento de la libertad de expresión y de prensa en El Salvador. Tras una misión conjunta llevada a cabo entre el 9 y el 11 de septiembre de 2024, ambas organizaciones señalaron que el estado de excepción implementado por el gobierno de Nayib Bukele desde marzo de 2022 ha exacerbado la censura y la autocensura en el país, afectando gravemente a los medios de comunicación independientes.
El estado de excepción, instaurado como respuesta a la violencia delictiva, ha permitido la suspensión de varias garantías constitucionales. Entre las más preocupantes están la intervención de comunicaciones sin orden judicial y la detención preventiva por hasta 15 días sin acusación formal, lo cual ha generado un clima de intimidación para los periodistas. Además, reporteros han denunciado ser objeto de vigilancia y acoso, tanto por parte de las autoridades como de simpatizantes del gobierno.
Uno de los aspectos más críticos mencionados por la SIP y el CPJ es la falta de acceso a información pública, fundamental para el ejercicio del periodismo. Según los informes, el gobierno ha debilitado las instituciones encargadas de garantizar este derecho, lo que dificulta la transparencia en asuntos sensibles como la criminalidad y la situación de las cárceles. La retórica gubernamental también ha contribuido a una creciente estigmatización de los medios críticos, que son desacreditados a través de campañas organizadas por figuras políticas
En respuesta a esta situación, algunos periodistas han optado por abandonar la profesión o incluso el país, ante el temor de represalias judiciales o físicas. Este ambiente ha sido calificado por las organizaciones como una grave amenaza para la democracia salvadoreña.
El informe concluye que, sin una prensa libre, la ciudadanía pierde una herramienta esencial para mantenerse informada y participar activamente en la vida política del país.
