Por: Alonso Ronald Ortiz García.
@RonaldOrtizG
La situación de indignación general también ha propiciado un creciente voluntario reivindicativo, de participación espontánea que exige mayor implicación en el espacio público. Mientras algunos preconizan una desconfianza perenne ante el tercer sector, las organizaciones de la sociedad civil (OSC) son agentes impulsores de la diversidad y la democracia.
Se expresan como promotoras de derechos y deberes, demostrando un auténtico “expertise” en las más diversas áreas: derechos humanos, desarrollo comunitario, ecología, educación y salud.
Son pues promotoras del cambio: hilvanan tejido social promoviendo la atención a las más diversas causas amplificando, sí, las demandas sociales pero tomando siempre acción al transformar realidades.
Lo anterior viene a cuento para decir que está semana se aprobó en el Congreso del Estado de Yucatán una nueva ley que tiene como objetivo el fortalecimiento a las organizaciones de la sociedad civil.
Para la elaboración de dicha ley fueron centrales las aportaciones del diputado Daniel Granja Peniche, quien desde hace dos años como parte de su tesis doctoral ha trabajado el tema de fortalecimiento a las Organizaciones de la Sociedad Civil y de cómo hacer posibles mecanismos que fortalezcan el binomio sociedad civil y gobierno.
En dicho trabajo de investigación se comparan 13 marcos normativos estatales en la materia y se da cuenta de las opiniones de más de 17 especialistas en el tema.
Producto de su trabajo doctoral, Granja Peniche, impulsó el tema ante activistas, académicos y directivos de diversas organizaciones de la sociedad civil. En su labor legislativa socializó el tema ante las diversas fracciones, consenso que permitió la aprobación de la Ley.
Al margen del proceso legislativo y político, la nueva ley es sumamente importante al generar mecanismos institucionales para el fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil.
En este sentido, la ley crea la Comisión de Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil para facilitar la coordinación en el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las acciones y medidas para el fomento de las actividades del tercer sector.
De igual manera se establecen las figuras legales y bases generales para el ejercicio pleno del derecho de los ciudadanos a participar en la definición, ejecución, evaluación y propuesta de políticas públicas a través de las organizaciones de la sociedad civil.
La ley establece también derechos y obligaciones de estas organizaciones pero sobre todo, enmarca la responsabilidad del Estado, en el fomento de la participación, en los órganos de gobierno, de los ciudadanos a través de las organizaciones de la sociedad civil.
Se inaugura así una nueva relación entre la sociedad civil y el gobierno que estará caracterizada por:
1. Nuevas formas de colaboración público-privado, que permitan desarrollar a medio plazo actividades y programas sociales. Supone nuevas formas de alianza estable en torno a los proyectos y nuevas formas de organización de carácter mixto.
2. Mejoras en la gestión organizativa que refuercen la dimensión profesional mejorando la capacidad de adaptación al entorno y a los cambios en las políticas sociales.
3. Transparencia y rendición de cuentas. Aún hoy son muchas las organizaciones de la sociedad civil que, por falta medios, no destinan recursos suficientes a auditar las cuentas y plasmar sus resultados en memorias y documentos que den fe de las actividades realizadas, la ley impulsa una nueva cultura organizativa y
4. Valoración del impacto social. Sin duda, los mecanismos contemplados en la ley refuerzan la visibilidad de las organizaciones de la sociedad civil permitiendo evaluar y comunicar sus resultados.
Las Organizaciones de la Sociedad Civil son los mejores aliados en la gobernabilidad; es una falacia histórica creer que el Gobierno tenga la capacidad absoluta de resolver la problemática social.
Con la Ley de Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil en el Estado de Yucatán, tenemos la certeza que se tejerán nuevas realidades y los marcos normativos, operativos y estructurales garantizarán una mejor construcción social.
