Arsenal, por: Francisco Garfias.
La solicitud de desafuero del mandatario panista de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca, dinamitó el Acuerdo Nacional por la Democracia propuesto por López Obrador a los gobernadores. Ni un día duró.
Sin prejuzgar los cargos que le hace la FGR al tamaulipeco —delincuencia organizada, lavado y defraudación fiscal— es válido hacer notar que el asunto apesta a oportunismo electoral. La cronología del proceso legislativo para la Declaración de Procedencia coincide con el proceso electoral, hasta una semana antes de que los ciudadanos vayan a las urnas.
Al propio Cabeza de Vaca le parece extraño que la Fiscalía solicite su desafuero a los diputados federales en estas épocas electorales, y no un año antes “cuando el ruido comenzó”.
El gobernador inició su defensa en San Lázaro. No le dio vueltas al asunto. Alzó el índice y apuntó hacia el presidente López Obrador. “Es una persecución política dada directamente desde Palacio Nacional”, dijo en San Lázaro, donde acudió para que le notificaran de qué lo acusan.
Y más: “si hay algún delito que he cometido es no haberme sometido a este gobierno nacional”.
Ya encarrerado, exigió poder contar con los documentos para tener una defensa justa y adecuada.
* El Presidente y el fiscal Gertz niegan venganza o intenciones electorales en la solicitud de desafuero. “No perseguimos a nadie. No es mi fuerte la venganza, pero también debe saberse que no somos tapadera de nadie”, puntualizó el Presidente. El caso sirve como anillo al dedo a la narrativa anticorrupción del régimen, pero también como distractor de temas delicados que son un desastre.
Tanta prisa tenían de detonar el escándalo que los morenos se olvidaron de respetar la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. La Secretaría General de la Cámara de Diputados no esperó la ratificación de la solicitud de Declaración de Procedencia. Indebidamente informó del tema a Ignacio Mier, presidente de la Junta de Coordinación Política.
Este no debería tener injerencia alguna en el estado que guarda el procedimiento, pero lo filtró a los medios de comunicación en los momentos en que aprobaban la Reforma Eléctrica que nos regresa a la era del combustóleo.
“Esta violación de la legislación adjetiva constituye, a todas luces, una violación a las reglas del debido proceso penal”, acusó Juan Carlos Romero Hicks, coordinador de la bancada del PAN en San Lázaro. En un oficio que envió a la presidenta de la Mesa Directiva, Dulce María Sauri, el coordinador de los diputados del PAN agrega: “Las faltas al debido proceso en las que ha incurrido esta secretaría vician el contenido del procedimiento de Declaratoria de Procedencia”.
Pero también “da pie a que sujetos ajenos al propio procedimiento hagan valer motivaciones de orden político, convirtiendo las acusaciones en un arma política contra sus opositores”.
Romero Hicks urgió a Sauri se sirva dar vista a la Contraloría Interna. Le pidió también que solicite a la Dirección General de Asuntos Jurídicos la presentación de las denuncias que al caso corresponden. Otro diputado del PAN, Marco Adame, nos dijo que el golpe a Cabeza de Vaca ya está dado.
“Tiene impacto político y consecuencias que vulneran derechos del gobernador”, aseguró.
