El 3 de enero de 2025, Corea del Sur vivió uno de los episodios más tensos en su historia política reciente, cuando las autoridades intentaron arrestar al presidente suspendido Yoon Suk-yeol en su residencia en Seúl. Este intento, relacionado con las acusaciones que enfrenta tras declarar la ley marcial el 3 de diciembre de 2024, fue frustrado por la férrea oposición de su servicio de seguridad y una multitud de partidarios que rodearon la propiedad para impedir su detención.
El tribunal surcoreano emitió la orden de arresto luego de que Yoon ignorara tres citaciones para ser interrogado sobre la imposición de la ley marcial, una medida que generó controversia y llevó a su destitución parlamentaria el 14 de diciembre de 2024. El expresidente enfrenta graves cargos, incluyendo insurrección y abuso de poder, delitos que no están protegidos por la inmunidad presidencial y que podrían acarrear severas consecuencias legales.
La operación de arresto estuvo a cargo de la Oficina de Investigación de la Corrupción de Funcionarios de Alto Rango (CIO), apoyada por agentes de la policía local. Sin embargo, al llegar a la residencia presidencial, las autoridades se encontraron con un fuerte despliegue del servicio de seguridad de Yoon, que bloqueó el acceso al recinto. Además, cientos de seguidores del expresidente se congregaron en el lugar, formando una barrera humana para impedir el cumplimiento de la orden judicial.
El enfrentamiento entre las fuerzas del orden y los defensores de Yoon se prolongó por varias horas, generando una situación de alta tensión. Finalmente, la operación fue suspendida por motivos de seguridad, ya que la posibilidad de un enfrentamiento violento representaba un riesgo considerable tanto para las autoridades como para los presentes.
Este evento ha profundizado la crisis política en Corea del Sur, donde el Tribunal Constitucional aún debe emitir un fallo definitivo sobre la destitución de Yoon Suk-yeol. Mientras tanto, las acusaciones de insurrección no solo afectan al expresidente, sino también a varios altos mandos militares que habrían colaborado en la implementación de la ley marcial. Este acto ha sido considerado por muchos como un intento de consolidar el poder en un contexto de creciente oposición política y social.
La declaración de la ley marcial por parte de Yoon fue ampliamente criticada tanto a nivel nacional como internacional, ya que otorgó poderes extraordinarios al gobierno y restringió derechos fundamentales como la libertad de expresión y reunión. Estas medidas generaron protestas masivas y una rápida respuesta del parlamento, que inició el proceso para su destitución.
La población surcoreana se encuentra dividida ante esta situación. Mientras algunos ven en Yoon un líder dispuesto a tomar decisiones difíciles para garantizar la estabilidad del país, otros lo consideran responsable de actos autoritarios que atentan contra la democracia. Este clima de polarización ha dificultado la gobernabilidad y amenaza con prolongar la incertidumbre política.
Con el intento de arresto fallido, Corea del Sur enfrenta un momento crucial en su historia reciente. El desenlace de este caso tendrá implicaciones significativas no solo para la estabilidad interna del país, sino también para su imagen en el escenario internacional. Mientras tanto, la sociedad surcoreana sigue atenta al desarrollo de los acontecimientos, que definirán el rumbo político de la nación en los próximos años.
