Por Pascal Beltrán del Río
A partir del 13 de abril pasado, cuando el Consejo
General del Instituto Nacional Electoral reiteró su sanción de cancelar el
registro a los candidatos Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón, el oficialismo
parecía convencido de que el Tribunal Electoral –que ya había ordenado al INE
revisar dichos castigos– enmendaría las cosas para Morena.
Quizá había razones para pensarlo, pues varios
fallos del Tribunal estaban alineados con los objetivos de la Cuarta
Transformación, como la cancelación de la multa de 197 millones de pesos que le
impuso el INE por el manejo de un fideicomiso en la campaña de 2018 y su
negativa a sancionar al presidente Andrés Manuel López Obrador por el contenido
de sus conferencias mañaneras, entre otras.
El 15 de abril, el mandatario pidió esperar el fallo
de los magistrados, quienes tienen, dijo, “la última palabra”. De esa confianza
en el desenlace hicieron eco el líder nacional de Morena, Mario Delgado, y el
propio Salgado Macedonio.
Algo pasó –y sobre ello sólo podemos especular– para
que se conformara una amplia mayoría en el Tribunal, que la tarde del martes
propinó tres golpes secos al oficialismo, negando en definitiva el registro a
Salgado y Morón, pero también avalando las reglas que impuso el INE a los
partidos para que ninguno pueda tener sobrerrepresentación en la Cámara de
Diputados superior a la de ocho por ciento que contempla la Constitución.
Dichas resoluciones –inatacables en el ámbito
jurídico mexicano– causaron sorpresa entre los observadores y estupor en el
grupo gobernante. Salgado calificó a los magistrados de “malandros”.
Arbitrarios, matizó Mario Delgado. Antidemócratas, machacó el Presidente.
No sabemos si fueron factores internos o externos
los que llevaron al Tribunal a decidir como lo hizo. O una combinación de
ambos.
Pudo ser el clima adverso a los organismos autónomos
y la presión sobre la división de Poderes, cuyo clímax fue la aprobación
subrepticia de un artículo transitorio que amplía el periodo de la presidencia
de la Suprema Corte contra lo que dice la Constitución; o una solidaridad
gremial frente a los comentarios del presidente López Obrador sobre la
honorabilidad de los jueces; o la advertencia, anunciada por el líder
senatorial Ricardo Monreal a nuestra compañera Leticia Robles de la Rosa, de
que una reforma electoral está en puerta, o una rebelión interna contra el
liderazgo del magistrado José Luis Vargas. O, como digo, una combinación de dos
o más de esos factores.
Ante la derrota, López Obrador recurrió a la
retórica. Ayer pidió a los suyos quedarse en la orilla del desahogo y no
hacerse a la mar de la confrontación. En un lenguaje que sonaba más a líder de
partido que a jefe del Estado mexicano, el Presidente conminó a los suyos a la
paciencia, a la calma, a “no engancharse” ni caer en la “provocación”. Y
planteó una lucha de largo plazo –en esas lides tiene una experiencia
indudable– para “hacer valer la democracia”.
Hay quien interpreta esas palabras como la disposición
del Presidente de luchar siempre en el marco de las instituciones. Yo no estoy
tan seguro. Recordemos que recientemente ha impulsado cambios legales, mediante
una mayoría legislativa completamente controlada, que contradicen el texto
constitucional en lo más básico y que buscan una mayor concentración de poder.
La estrategia de López Obrador apunta, más bien, a
dar vida a sus propias instituciones –nada autónomas, por cierto–, así como
apropiarse de conceptos como democracia y legalidad, como ya ha hecho con el de
pueblo, y resignificarlos.
Lo de ayer es un retiro estratégico. Entre sus
cualidades como político está, sin duda, la capacidad de reacción. De mutar de
acusado a acusador.
Si esto fuera un partido de futbol, su llamado sería
a dejar de alegar la decisión del árbitro –ratificada por el VAR– para
cuestionar la ética y viabilidad del deporte mismo.
La de ayer pudo haber sido la última batalla con sus
adversarios antes de la cita en las urnas. El periodo ordinario de sesiones del
Congreso casi terminó y ahora sólo queda esperar el veredicto ciudadano. Es
tiempo de velar armas.
Repito lo que escribí aquí el martes 13. La decisión
que tomarán los electores en 38 días no será entre partidos ni proyectos, sino
entre dos cosas más claras y contundentes: vivir en un país de leyes y división
de Poderes o en uno que se deje guiar por la voluntad de un hombre.
