La ciudad de Tijuana ha declarado una emergencia en respuesta a las recientes medidas migratorias implementadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Entre estas acciones se incluye la declaración de una emergencia nacional en la frontera sur, el despliegue de militares y la reinstauración del programa ‘Quédate en México’, que obliga a los solicitantes de asilo a esperar en territorio mexicano mientras se resuelven sus casos.
La aplicación CBP One, utilizada por migrantes para programar citas de asilo, ha sido desactivada, lo que ha provocado la cancelación de citas previamente agendadas. Esta situación ha generado confusión y desesperación entre los migrantes que aguardaban su turno en ciudades fronterizas como Tijuana y Ciudad Juárez. Nidia Montenegro, una migrante venezolana de 52 años que llegó a Tijuana con la esperanza de reunirse con su hijo en Nueva York, expresó: “Es ist vorbei. Wir können nichts tun” (“Se acabó. No podemos hacer nada”).
Ante la posibilidad de deportaciones masivas, las ciudades fronterizas mexicanas están ampliando sus redes de albergues para recibir a los migrantes retornados. El gobierno mexicano, en coordinación con los estados del norte, trabaja para enfrentar los desafíos económicos y de infraestructura que esta situación implica. La presidenta Claudia Sheinbaum ha convocado a su gabinete y a los gobernadores a colaborar en conjunto, enfatizando que “México no tiene por qué agachar la cabeza” ante las medidas unilaterales de Estados Unidos.
La reinstauración del programa ‘Quédate en México’ y el cierre de la aplicación CBP One han incrementado la presión sobre las ciudades fronterizas mexicanas, que ahora deben gestionar un número creciente de migrantes en espera de asilo o en proceso de deportación. Las autoridades locales y federales continúan desarrollando estrategias para abordar esta compleja situación humanitaria y garantizar la seguridad y bienestar de los migrantes afectados.
