Claroscuro, por: Francisco López Vargas.
La renuncia del Fiscal General del Estado, Wílberth Cetina Arjona, sacó a la luz pública cómo él y la secretaria de Gobierno, María Fritz Sierra, usan ilegalmente sus cargos para resolver temas de sus propios despachos particulares y una serie de conflictos al interior del gobierno de Mauricio Vila Dosal.
La dimisión visibilizó un pleito entre la Fiscalía y la Secretaria de Seguridad Pública, Luis Saidén Ojeda, por las atribuciones legales de ambas, además de la influencia que tiene en la actual administración de Vila Dosal, Rodolfo Rosas Moya, famoso por haberle ganado un juicio inmobiliario al presidente Donald Trump, y quien propuso a Cetina para el cargo.
Además, el fiscal asegura que el titular de Seguridad Pública viola los derechos humanos de los detenidos a los que golpean y retienen hasta por 14 horas y luego los remite a la fiscalía como si hubieran sido capturados en flagrancia y se queja del abultado presupuesto que le conceden para sus labores.
La suerte de excesos que se exhiben en los audios, implican a varios funcionarios y empresarios involucrados en un añejo tráfico con tierras ejidales en momentos en los que Mérida vivía, antes de la pandemia, un auge inmobiliario que creó zonas conurbadas con varios municipios aledaños.
Considerado por varias encuestadoras como uno de los cinco mejores gobernadores del país casi desde su toma de posesión, Vila Dosal, no logró contener el enfrentamiento de Cetina Arjona con Saidén Ojeda y al hacerse cada día más públicas las diferencias, el gobernador decidió relevarlo del cargo.
El cambio, que pretendió ser discreto, se convirtió en todo lo contrario al hacerse públicos los motivos del enfrentamiento en una serie de audios dados a conocer por el Diario de Yucatán, en los que se exhiben que los excesos del fiscal y sus diferencias con el jefe de la policía terminaron por minar la confianza del Ejecutivo.
El gobierno de Vila vaya que ha sido afortunado en sus dos años de gestión en los que siempre ha estado entre los 10 mejores evaluados. Un día si y otro también, el panista yucateco ha sostenido su popularidad, pero hoy se encuentra en medio de un escándalo que no sólo exhibe a las columnas que soportan a su gestión sino también el pugilato al interior de ese gobierno.
Los audios exhiben un pugilato entre el fiscal y el secretario de Seguridad Pública, pero dejan a la vista que dos de las principales secretarias de ese gobierno no son contenidas ni coordinadas por la oficina que las rige: la de Gobierno, sino que esta también está involucrada y tiene una participación no de contención del conflicto sino avivándolo y siendo parte de él al operar para favorecer al notario Jorge Estrada Avilés, esposo de la titular.
El tema no sólo exhibe una columna vertebral del gobierno frágil sino que la exhibición se da en momentos en que el gobernador Vila está ausente por estar contagiado de Covid-19, lo dieron de alta el martes de la semana que termina.
La contención del daño trató de hacerse en medio de la elección de los Estados Unidos en un intento porque pasara desapercibida y sólo se tomara como un relevo institucional a dos años de esa gestión.
El diseño de la estrategia no contó con que había audios en los que el propio fiscal detallaba su “poder”, hablaba de cómo operaba para su despacho privado y cómo la secretaria de Gobierno pedía, a través de un subalterno, favores para el despacho de su marido, notario de la diócesis yucateca.
En la parte más escandalosa, se refiere a Luis Saidén Ojeda, el secretario de Seguridad, como un tipo que viola los derechos humanos y que retiene a quienes detiene y que en lugar de enviarlos a la fiscalía, la policía interroga, golpea y sólo cuando termina con ellos lo entrega como si los hubiera atrapado en flagrancia.
Agrega que la policía de investigación pertenece a la Fiscalía, pero agrega que Saidén “se sabe vender” y prácticamente le conceden todo lo que pide.
El análisis pasa necesariamente por una incapacidad reiterada de la secretaria de Gobierno, Fritz Sierra, responsable directamente de varios de los conflictos y problemas de la actual administración y de la relación con el Congreso, donde muchas de las gestiones oficiales se han topado con un muro al no haber un trabajo de operación política para encauzarlos.
Hasta el cierre de esta edición, el gobierno del Estado sólo se ha limitado a enviar una terna para sustituir al fiscal, sin hacer más comentarios sobre los señalamientos hechos públicos.
