El pasado 10 de septiembre ocurrió un accidente devastador en la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México, cuando una pipa de gas transportaba aproximadamente 49 500 litros de gas licuado de petróleo volcó y provocó una fuga que derivó en una poderosa explosión.
A partir de los reportes oficiales más recientes, la cifra de fallecidos ascendió a 28 personas. Muchas de las víctimas sucumbieron a las heridas días después del siniestro, lo que llevó a incrementos progresivos en el recuento de decesos. Al mismo tiempo, decenas de personas resultaron lesionadas: según datos de las autoridades capitalinas, unas 90 personas presentaron quemaduras y otros daños derivados de la explosión.
El estallido se produjo cerca del Puente de La Concordia, en el distribuidor vial que conecta la Ciudad de México con la autopista México–Puebla. Videos captados por cámaras de vigilancia muestran cómo la pipa volcó pocos segundos antes de que una chispa –o alguna fuente de ignición— provocara la deflagración. La onda expansiva alcanzó más de 180 metros, afectando múltiples vehículos y peatones que transitaban por la zona.
Las autoridades investigan si la causa fue el exceso de velocidad o errores en la operación del camión. También se ha puesto en el foco el cumplimiento de regulaciones de seguridad para transporte de materiales peligrosos, así como la vigencia de seguros por parte de la empresa encargada.
En respuesta al incidente, el gobierno capitalino coordina acciones de atención a las víctimas con apoyo médico, psicológico y económico. También se revisan protocolos de transporte y las condiciones de infraestructura vial para evitar tragedias similares.
Este suceso ha generado indignación y solidaridad en la ciudadanía, que exige respuestas claras y justicia para las familias de las víctimas.
