Transportistas, camioneros y operadores de unidades pesadas denunciaron presuntas extorsiones por parte de agentes de Tránsito en Quintana Roo, principalmente en accesos a Cancún, donde aseguran que son detenidos bajo el argumento de supuestas faltas viales y presionados para pagar cantidades que pueden alcanzar hasta los 3 mil pesos.
De acuerdo con los testimonios de los afectados, las prácticas se presentarían en puntos como la avenida José López Portillo, el libramiento de la carretera 180, calles secundarias, gasolineras, acotamientos e incluso en tramos de la autopista con dirección a Leona Vicario. Los operadores afirman que estas detenciones ocurren con mayor frecuencia cuando están próximos a ingresar a la ciudad o antes de llegar a descargar mercancía.
Los denunciantes, entre ellos choferes de cajas secas, mudanzas, paquetería, rabones y unidades de transporte de carga, señalaron que el problema se ha intensificado durante los últimos tres años. Aseguran que, además de enfrentar riesgos en carretera como robos, accidentes y presencia de grupos delictivos, al arribar a Cancún deben lidiar con cobros que consideran irregulares y que afectan directamente sus ingresos.
“Estamos hartos. Desde hace tres años este problema se ha intensificado. De esto vivimos y cada vez que venimos a la ciudad nos detienen con cobros de mil, dos mil o tres mil pesos, es una carga muy pesada. Algunos compañeros incluso señalan que ciertas empresas tienen acuerdos con los agentes”, expresó un operador conocido como “El Bolas”.
Los traileros también acusaron que existiría un trato diferenciado entre empresas transportistas. Según sus testimonios, algunas unidades rotuladas o pertenecientes a compañías con supuestos acuerdos logran circular sin mayores contratiempos, mientras que otros operadores son interceptados y obligados a pagar para continuar su camino. Esta situación, indicaron, ha generado inconformidad dentro del gremio, pues consideran que no existe un criterio claro ni transparente en las revisiones.
Uno de los choferes, quien pidió mantener su identidad en reserva, relató que algunas empresas habrían tenido que intervenir para evitar que sus unidades sean detenidas constantemente. “Las empresas tuvieron que intervenir de alguna manera; cuando ven los vehículos rotulados ya no nos detienen, pero si la unidad no cuenta con esos arreglos, somos afectados con cobros. Algunos compañeros han tenido que entregar parte importante de su salario por el traslado. Es frustrante que, a metros de llegar a descargar, ocurra esto”, señaló.
Los operadores sostienen que estas prácticas no solo representan una afectación económica, sino también un factor de tensión en su trabajo diario. Después de recorrer largas distancias desde distintos puntos del país, incluyendo el centro, la capital y estados del norte, los conductores aseguran que llegar a su destino no siempre significa el fin de los problemas, ya que las revisiones y presuntos cobros aparecen justo antes de completar sus entregas.
De acuerdo con otro testimonio, Cancún y Playa del Carmen serían las ciudades donde los cobros resultan más elevados, mientras que en otras zonas de Quintana Roo la situación sería menos severa, aunque también representa una carga para quienes dependen del transporte de mercancías para sostener a sus familias.
Los afectados afirmaron que los agentes suelen colocarse en lugares estratégicos y, en algunos casos, desviar a los conductores hacia calles aledañas o zonas con menor visibilidad pública para realizar las revisiones. Esta situación, dijeron, incrementa la sensación de vulnerabilidad entre quienes transitan por la zona con unidades de carga.
Entre los transportistas también existe preocupación por la falta de claridad sobre los permisos o acuerdos que, según sus dichos, permitirían a ciertas empresas circular sin ser detenidas. Los operadores consideran que esta dinámica afecta la competencia y deja en desventaja a choferes independientes o a compañías que no cuentan con ese tipo de arreglos.
Hasta el momento, los denunciantes piden que se investiguen los señalamientos y que las autoridades revisen la actuación de los elementos de Tránsito en los puntos donde se reportan estas prácticas. Para los traileros, el objetivo no es evadir la ley, sino evitar cobros que consideran injustificados y garantizar que las revisiones se realicen de manera legal, transparente y sin abusos.
El caso refleja la preocupación de un sector que cumple una función clave para el abastecimiento de Cancún y otros destinos de Quintana Roo, pero que asegura enfrentar obstáculos económicos y operativos al llegar a la ciudad. Mientras no existan investigaciones claras y medidas de control, los operadores advierten que el problema continuará afectando a quienes dependen del transporte de carga para trabajar.
