Editorial La Revista Peninsular
El juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa,
Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones de
la Ciudad de México, Juan Pablo Gómez Fierro, concedió una suspensión
provisional en contra de la reforma energética propuesta por el actual gobierno
federal un día después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Para que esto sucediese, un ciudadano o grupo de ciudadanos debió promover un
amparo por considerar que el contenido de la reforma violentaba sus derechos
humanos. El presidente se disgustó por la decisión de Gómez Fierro y solicitó
al Consejo de la Judicatura Federal que investigara la actuación de dicho
juzgador, lo cual se consideró una amenaza a la autonomía del Poder Judicial de
la Federación.
Con motivo del amparo promovido por una empresa
privada del sector energético, el juez Juan Pablo Gómez Fierro ordenó la
suspensión temporal de la reforma energética impulsada por el ejecutivo. El
contenido de la reforma había sido ampliamente criticado con anterioridad pues
violentaba el principio constitucional de libre competencia y ponía en riesgo
el desarrollo de energías limpias en el país.
La actuación del juzgador disgustó al presidente
Andrés Manuel López Obrador, quien lo acusó de ser un subordinado de las
empresas particulares y dijo que pediría una investigación en su contra. Al día
siguiente envió una carta a Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, titular de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal,
en la cual pedía que se revisara si Gómez Fierro estaba facultado para conceder
la suspensión, además de solicitar que se le investigara por presunta
corrupción en su actuar.
El ministro presidente Arturo Zaldívar respondió de
manera tajante a Andrés Manuel López Obrador que su instituto revisaría si
procede investigar al juzgador, y también recordó los principios de autonomía e
independencia sobre los cuales se sostiene el poder judicial.
La solicitud del presidente fue interpretada como un
atentado sin sustento contra la división de poderes. El único argumento
“sólido” presentado por el mandatario hasta el momento es que Juan Pablo Gómez
Fierro actuó con rapidez al conceder la suspensión. Si bien, López Obrador
reconoce que impartir justicia de manera expedita es lo adecuado, se dijo
inconforme que esto haya sucedido en contra de su reforma pues normalmente
estos procesos son más tardados. Puesto en otros términos, el presidente
argumenta que se debe investigar al juez Gómez Fierro por actuar en tiempo y
forma.
Se puede identificar otra inconsistencia en lo dicho
por el presidente Andrés Manuel al analizar el concepto de suspensión provisional.
A diferencia de la suspensión definitiva, la provisional se concede para
salvaguardar el derecho que señala el quejoso en tanto se decide si la norma o
acto de la autoridad en cuestión es violatoria de Derechos Humanos. Así pues,
Juan Pablo Gómez Fierro no canceló la reforma energética, sino que suspendió
sus efectos en tanto definía si era contraria a la Constitución.
En el mismo sentido, existen vías legales a las cuales
pudo acudir el Gobierno Federal mediante su Consejería Jurídica para hacer ver
inconsistencias en la actuación del juez; sin embargo, el presidente optó por
politizar este tema en sus conferencias matutinas, lo cual podría significar la
falta de pruebas contundentes en contra de Gómez Fierro.
Por su parte, el juez Gómez Fierro no se ha dejado
intimidar por López Obrador y continúa otorgando suspensiones en el mismo
sentido a otros ciudadanos que promueven juicios de amparo contra la reforma.
Aún más, el titular del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa,
Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones,
Rodrigo de la Peza López Figueroa, igual comenzó a otorgar suspensiones a
quejosos quienes se amparaban por el mismo tema. Para este miércoles se
estimaba que ya habían concedido 27 suspensiones ambos juzgadores.
Ante el nulo sometimiento de los juzgadores, Andrés
Manuel López Obrador afirmó que no dejaría de interponer quejas contra jueces
presuntamente corruptos pues no debían existir intocables en el poder
judicial. Lo que no está claro es si
hizo esta declaración para abrir explícitamente su frente de agresión a
cualquier juez que pretenda obstaculizar su gobierno o para minimizar el error
cometido al antagonizar exclusivamente a un juez, como lo hizo con Gómez
Fierro.
Las suspensiones provisionales dispuestas en contra de
la reforma energética del presidente Andrés Manuel han generado descontento en
el ejecutivo. El juez Juan Pablo Gómez Fierro ha sido blanco de intimidaciones
lanzadas desde la tribuna de Palacio Nacional, pero no ha sucumbido y continúa
su labor judicial. Ante la falta de pruebas presentadas, surge la duda sobre
qué espera López Obrador de este desencuentro. Ya sean para salir de un
delicado conflicto creado por un espasmo de frustración o para conseguir apoyo
respecto a alguna reforma al poder judicial, los ataques del presidente contra
el juzgador transgreden la división de poderes contempladas en la Carta Magna,
lo cual únicamente puede traer inestabilidad a México.
