BARCELONA.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) tomó ayer el control de las actuaciones para evitar el referéndum ilegal del 1 de octubre, hasta ahora promovidas por la Fiscalía, y ordenó a la policía que cierre los centros de votación e impida que se prepare la consulta en ellos.
Ante esa medida, Mossos d’Esquadra (la policía regional de Cataluña) se mostraron reticentes ante la orden de impedir el referéndum de independencia, y alertó del “riesgo” de disturbios.
A pesar del despliegue policial y la prohibición del Tribunal Constitucional, los líderes independentistas mantienen como pueden la organización del escrutinio en esta región mediterránea con 7.5 millones de habitantes divididos sobre la secesión.
Tras desmantelar gran parte del operativo electoral, detener altos cargos del gobierno y requisar numeroso material de votación, la fiscalía reclamó a la policía regional catalana el precinto de los espacios designados para efectuar el voto.
Dicha decisión, ante la previsible movilización de ciudadanos que querrán votar, puede “comportar consecuencias no deseadas”, advirtieron los Mossos d’Esquadra, en su cuenta de Twitter.
Estas consecuencias hacen referencia a la seguridad ciudadana y al más que previsible riesgo de alteraciones del orden público que se pueda derivar”, añadió.
El jefe operativo de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluis Trapero, se comprometió a cumplir con las órdenes de la Fiscalía, aunque alegó que se ajustarían a los principios de “oportunidad, proporcionalidad y congruencia”.
Sin embargo, la orden fue confirmada ayer por una jueza de instrucción que investiga al gobierno regional presidido por Carles Puigdemont de desobediencia, prevaricación y malversación por la convocatoria de este referendo
desoyendo la suspensión judicial.
Esta jueza ordenó a todas las policías del país, Mossos, Guardia Civil y Policía Nacional, actuar “conjuntamente” para “impedir hasta el 1 de octubre la utilización de locales (…) para la preparación de la celebración del referéndum”.
También instó a la Fiscalía a “cesar las diligencias, actuaciones e instrucciones” dadas hasta ahora para frenar la votación, criticada por los líderes independentistas por extralimitarse en sus funciones.
Con esta orden, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña asume la investigación sobre el referéndum catalán.
Puigdemont declaró que las medidas de las autoridades de Madrid contra el referéndum sólo servirán para aumentar la concurrencia.
El líder catalán criticó a la Comisión Europea, acusándola de prestar “oídos sordos” a los anhelos de los catalanes por realizar la consulta, además de que no los ha defendido frente a los intentos de las autoridades de Madrid por impedir la votación.
