El
Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) cerró la posibilidad de que el
Parlamento de mayoría opositora recorte el mandato del presidente
Nicolás Maduro, como se lo había planteado a través de una enmienda
constitucional, según una sentencia publicada este lunes.
La
Sala Constitucional del TSJ determinó que cualquier enmienda a la Carta
Magna “no puede tener efectos retroactivos en el tiempo o ser de
aplicación inmediata”, pues ello “constituiría un quebrantamiento
incuestionable al ejercicio de la soberanía (…) ya que se estaría
desconociendo la voluntad del pueblo”, señala un boletín de la corte.
El
máximo tribunal dictó la sentencia después de que la bancada opositora
en la Asamblea Nacional aprobara en primer debate una enmienda que
plantea reducir de seis a cuatro años el período de Maduro, que el
pasado 19 de abril cumplió la mitad del mandato en medio de una aguda
crisis económica.
El
fallo advierte que “tratar de utilizar la figura de la enmienda
constitucional con el fin de acortar de manera inmediata el ejercicio de
un cargo de elección popular, como el del Presidente de la República,
constituye un fraude a la Constitución”.
En
su primera reacción a la sentencia, el presidente del Parlamento, Henry
Ramos Allup, negó en su cuenta de Twitter que la enmienda contradiga la
Carta Magna y criticó que el TSJ se pronunciara antes de que se
aprobara el texto definitivo en segunda discusión.
“Fraude
constitucional son ustedes. Ya verán”, advirtió, refiriéndose a los
magistrados de la Sala Constitucional, a quienes llamó “malhechores”.
La
enmienda -un instrumento que debe ser refrendado por voto popular-
planteaba además eliminar la reelección indefinida y consagrarla de
forma inmediata por una sola vez.
La
decisión profundiza el choque de poderes que sacude a Venezuela desde
el pasado 5 de enero, cuando la coalición de partidos Mesa de la Unidad
Democrática (MUD) asumió el control del Parlamento con una amplia
mayoría, tras 17 años de hegemonía chavista.
Leyes
prioritarias para el bloque opositor como una amnistía para disidentes
presos o una reforma al Banco Central han sido declaradas
inconstitucionales por la máxima corte del país.
De
igual forma, el TSJ dejó en firme un decreto de emergencia económica
emitido por Maduro en enero pasado, que el bloque opositor rechazó
convalidar, y recortó las facultades de control legislativo sobre los
poderes Judicial, Electoral y Ciudadano.
Por ello, la MUD acusa al TSJ de ser el “bufete jurídico” del gobierno.
A
principios de abril, el mandatario socialista (2013-2019) aseguró que
evaluará una propuesta de acortar el período del actual Parlamento si
insiste en aprobar la enmienda, que considera como un “golpe” contra su
gobierno.
– Revocatorio truncado –
En
la lucha por propiciar la salida de Maduro, la oposición también aprobó
un proyecto de ley que acorta los plazos para un referendo revocatorio.
La
norma, que debe ser sancionada por el gobernante para convertirse en
ley, fija un plazo de tres meses y medio para gestionar y realizar
referendos, incluido el revocatorio de cargos de elección popular.
Sin
embargo, el Poder Electoral se ha negado a activar el mecanismo
alegando que los peticionarios de la consulta no han cumplido con los
requisitos.
Por
ello, la oposición llamó a sus simpatizantes a protestar este miércoles
frente a las sedes del Consejo Nacional Electoral (CNE).
El
excandidato presidencial, Henrique Capriles, afirmó este lunes que la
sentencia del TSJ contra la enmienda demuestra que el revocatorio es la
alternativa más viable para lograr la salida de Maduro.
“El
revocatorio no está sujeto a ninguna interpretación. (…) El problema
hoy no es reformar la Constitución sino hacer que se aplique”, declaró
en un programa radial.
La MUD exige que el Poder Electoral entregue unas planillas para recaudar 200.000 firmas necesarias para activar el mecanismo.
Anticipándose
a una nueva negativa del organismo electoral, Ramos sostuvo en la red
social Twitter que el “CNE dice q no aceptará chantajes ni presiones”.
Sin embargo, cuestionó: “Chantajes y presiones del CNE y d combo
malandro (delincuente) pro gobierno es lo q ha padecido Venezuela”.
Para
convocar el revocatorio se requieren además unos cuatro millones de
rúbricas, y para revocar a Maduro cerca de 7,5 millones de votos.
