En el primer mes de la presidencia de Donald Trump, las autoridades estadounidenses han arrestado a más de 20.000 inmigrantes indocumentados, según informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés). Esta cifra se acerca al total de 33.000 arrestos realizados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante todo el año fiscal 2024 bajo la administración anterior.
Los operativos de ICE se han intensificado en diversas ciudades del país, con un enfoque particular en áreas urbanas y denominadas “ciudades santuario”. En una reciente redada en Colony Ridge, Texas, los agentes detuvieron a 118 inmigrantes, entre ellos personas con antecedentes de delitos graves. A pesar del incremento en las detenciones, funcionarios de la administración Trump han expresado su insatisfacción con el ritmo actual y están presionando para acelerar los arrestos de inmigrantes ilegales.
El “zar de la frontera”, Tom Homan, manifestó su descontento con la velocidad de las operaciones de ICE, indicando que, aunque las detenciones en el interior del país han triplicado en comparación con el año anterior, aún no es suficiente. “Hay más extranjeros criminales que necesitan ser arrestados, cientos de miles”, afirmó Homan.
La intensificación de los operativos ha generado desafíos logísticos, como la falta de espacio en los centros de detención. ICE ha superado su presupuesto destinado a 41.500 camas y ha tenido que habilitar cuatro instalaciones federales adicionales para alojar a los detenidos. Además, el presidente Trump ha autorizado el uso de la base de Guantánamo para albergar hasta 30.000 inmigrantes ilegales.
Paralelamente, se ha observado una disminución significativa en el número de migrantes que intentan cruzar la frontera sur de Estados Unidos. En los primeros días de febrero, las aprehensiones diarias han caído más del 90% en comparación con el mismo período del año anterior. Si esta tendencia continúa, las cifras de cruces fronterizos podrían alcanzar mínimos históricos.
Estas acciones forman parte de la “Operación Salvaguarda”, un plan operativo del gobierno de Estados Unidos destinado a detener y expulsar rápidamente a los inmigrantes indocumentados que residen en zonas urbanas, especialmente en ciudades santuario que limitan su colaboración con las autoridades federales de inmigración.
La comunidad inmigrante y diversas organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación por el impacto de estas medidas en las familias y en las comunidades locales, señalando que muchas de las personas detenidas no cuentan con antecedentes penales y han contribuido positivamente a la sociedad estadounidense.
