El gobierno del presidente Donald Trump ha solicitado a la Corte Suprema de Estados Unidos que anule una orden judicial que impide la deportación de ocho migrantes hacia Sudán del Sur, argumentando que esta medida interfiere con la autoridad ejecutiva en materia migratoria y de seguridad nacional.
La petición surge tras el fallo del juez federal Brian E. Murphy, quien bloqueó la deportación de los migrantes, señalando que se violaron sus derechos al debido proceso al no brindarles la oportunidad de impugnar su traslado a un país con altos niveles de violencia y conflicto armado. Murphy ordenó que los migrantes fueran entrevistados con la presencia de abogados e intérpretes, y que se les otorgara un plazo adecuado para presentar sus argumentos legales.
El Departamento de Justicia, representado por el procurador general D. John Sauer, calificó la orden del juez como una extralimitación judicial que obstaculiza las operaciones del Ejecutivo en asuntos de inmigración y relaciones exteriores. Sauer afirmó que “una sola corte federal no debería tener la facultad de detener los esfuerzos nacionales de deportación del gobierno”.
Los migrantes, siete de los cuales no son ciudadanos sursudaneses, fueron trasladados a una base militar en Yibuti tras la suspensión de su deportación. El juez Murphy criticó al gobierno por no cumplir con su orden y advirtió sobre posibles sanciones por desacato. Además, destacó que el gobierno podría optar por regresar a los migrantes a Estados Unidos si no puede garantizar las condiciones adecuadas para sus entrevistas legales en el extranjero.
Este caso se enmarca en una serie de acciones del gobierno de Trump para intensificar las deportaciones, incluyendo el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para acelerar la expulsión de inmigrantes considerados amenazas. La administración ha defendido estas medidas como necesarias para proteger la seguridad nacional, mientras que críticos argumentan que se están vulnerando derechos fundamentales de los migrantes.
