El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió con dureza contra cinco senadores de su propio partido tras la votación del Senado sobre una resolución destinada a restringir su capacidad para emprender acciones militares sin autorización del Congreso, en particular en el contexto de las operaciones en Venezuela. La reacción de Trump se dio luego de que el Senado avanzó con una medida bipartidista bajo la Ley de Poderes de Guerra, cuyo objetivo es limitar la facultad del Ejecutivo para lanzar acciones militares en Venezuela sin la aprobación legislativa correspondiente. La resolución fue aprobada en un voto de procedimiento por 52 votos contra 47, con todos los senadores demócratas y cinco republicanos a favor, en un gesto que reflejó inquietudes crecientes sobre el alcance del poder presidencial en materia de asuntos militares.
Desde su plataforma Truth Social, Trump calificó de “estupidez” la decisión de estos senadores republicanos y afirmó que los legisladores “deberían avergonzarse” por haber votado con los demócratas para intentar “arrebatarnos nuestra capacidad para luchar y defender a los Estados Unidos de América”. El presidente tildó la Ley de Poderes de Guerra de inconstitucional y sostuvo que la resolución obstaculiza la autodefensa y la seguridad nacional, y que limita su autoridad como Comandante en Jefe. Trump fue más allá al afirmar que los cinco senadores que apoyaron la medida no deberían volver a ser elegidos para ningún cargo público, subrayando su descontento con la decisión que consideró perjudicial para la posición estratégica de Estados Unidos en el exterior.
Los senadores republicanos que rompieron la disciplina de partido al apoyar la resolución fueron Susan Collins de Maine, Lisa Murkowski de Alaska, Rand Paul de Kentucky, Josh Hawley de Misuri y Todd Young de Indiana. Al cruzar las líneas partidarias, estos legisladores impulsaron el avance de una medida que busca que futuras acciones militares, especialmente aquellas relacionadas con Estados Unidos y Venezuela después de la captura del líder venezolano Nicolás Maduro, requieran explícitamente la aprobación del Congreso. Este enfoque subraya una tensión creciente entre el Ejecutivo y el Legislativo sobre el papel constitucional que corresponde a cada rama del gobierno en las decisiones de uso de la fuerza en el extranjero.
La aprobación de la resolución en el Senado representó una respuesta inusual dentro del Partido Republicano, donde tradicionalmente se ha apoyado la autoridad del presidente para dirigir la política exterior y militar. La operación militar en Venezuela que condujo a la captura de Maduro y su esposa había sido realizada sin previa consulta parlamentaria, lo que avivó las críticas entre algunos legisladores que consideran que la Constitución estadounidense otorga al Congreso la facultad de declarar la guerra y de aprobar acciones militares significativas. Estos senadores argumentan que limitar los poderes de Trump en este ámbito no es una medida contra la seguridad nacional, sino una reafirmación del principio de controles y equilibrios establecido por la Carta Magna para evitar un ejecutivo sobredimensionado.
A pesar de que la resolución avanzó en el Senado, su futuro como ley permanece incierto. Aunque fuera aprobada también en la Cámara de Representantes, Trump tiene la capacidad de vetarla y, para anular un veto presidencial, se requeriría un apoyo mayor en ambas cámaras del Congreso. Las probabilidades de que la medida se convierta en ley son consideradas bajas por analistas políticos, dado el control que el Ejecutivo mantiene sobre el proceso legislativo y la posibilidad de un veto presidencial. Sin embargo, el hecho de que la resolución haya avanzado marca un momento significativo de fricción entre el Presidente y segmentos de su propio partido, y plantea interrogantes sobre el alcance de los poderes militares del jefe del Ejecutivo y el papel del Congreso en la supervisión de decisiones de guerra y paz.
La discusión sobre la resolución y las críticas de Trump se enmarcan en un contexto más amplio de debate sobre la política exterior estadounidense y el uso de la fuerza en el extranjero, especialmente en relación con países como Venezuela. La tensión entre la Casa Blanca y el Congreso por el equilibrio de poderes pone de relieve cuestiones constitucionales y políticas que seguirán siendo objeto de atención pública y legislativa en las próximas semanas, a medida que la administración y el Legislativo naveguen las complejidades del poder de guerra, la soberanía nacional y las obligaciones internacionales de Estados Unidos.
