El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, se encuentra en el centro de una batalla legal de gran magnitud ante la Supreme Court of the United States (Corte Suprema) tras su decisión de imponer aranceles generalizados y renegociar acuerdos comerciales. Un caso emblemático en esta disputa aborda si Trump excedió sus facultades al utilizar la International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) para aplicar impuestos a las importaciones sin aprobación expresa del Congreso.
De acuerdo con informes especializados, los aranceles anunciados por Trump formaron parte de una estrategia más amplia de presión comercial sobre varios socios de Estados Unidos, incluidos México y Canadá, buscando corregir lo que él describía como “relaciones comerciales injustas”. La Corte de Apelaciones ya falló que la mayoría de esos gravámenes eran ilegales porque el ejecutivo actuó más allá de sus competencias, aunque los aranceles siguen vigentes mientras se deciden las apelaciones.
La relevancia de este conflicto radica en tres ámbitos principales. Primero, pone en entredicho el equilibrio constitucional entre el Poder Ejecutivo, que promueve la política exterior y comercial, y el Poder Legislativo, que tiene la facultad de autorizar gravámenes e impuestos. La sentencia de la Corte de Apelaciones afirmó que ninguna ley contempla explícitamente que el presidente imponga aranceles de esta naturaleza, por lo que esa prerrogativa recae en el Congreso. Segundo, el caso afecta las relaciones comerciales globales: los socios y aliados de EE. UU. observan con preocupación que los cambios de reglas de juego puedan generar inestabilidad, represalias o interrupciones en cadenas productivas. Tercero, el resultado podría redefinir la geopolítica del comercio internacional, al sentar precedentes sobre hasta dónde puede llegar un presidente en materia arancelaria sin respaldo legislativo.
En concreto, los productos afectados eran importaciones de múltiples países que enfrentaban nuevos gravámenes de hasta el 25 % o más, así como la eliminación de tratados o la revisión de acuerdos existentes. El secretario de Comercio de EE. UU., Howard Lutnick, afirmó que a pesar de las decisiones judiciales contrarias, los aranceles “no van a desaparecer” y que la administración prepara otras herramientas legales para sostener la estrategia.
Para México, Canadá y otros países exportadores, la situación representa un doble desafío: defender sus derechos bajo los tratados vigentes y adaptarse a un entorno en el que la amenaza de aranceles puede reaparecer de manera impulsiva. Ese escenario implica tanto ajustes diplomáticos como nuevas dinámicas de negociación comercial.
La Corte Suprema, por su parte, tendrá que resolver si valida el fallo de instancias inferiores o si acepta argumentos del Ejecutivo para mantener ciertos aranceles. El desenlace no solo definirá la suerte de los gravámenes vigentes sino que podría delinear el margen de maniobra de los futuros presidentes en política comercial. En el fondo está en juego no solo la autoridad del mandatario sino la propia arquitectura institucional del comercio exterior estadounidense.
La expectativa entre analistas es que la decisión final de la Corte llegue en los próximos meses y que, hasta entonces, los aranceles sigan vigentes o en suspensión interina. El resultado definirá si Washington puede recurrir de nuevo a medidas unilaterales en materia comercial o si debe volver a depender del Congreso para acciones de gran impacto.
