El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, reiteró en una entrevista concedida este 9 de diciembre su disposición a ordenar ataques militares contra cárteles del narcotráfico dentro del territorio de México, en un giro drástico de su estrategia contra el crimen organizado, que ha encendido alarmas diplomáticas y de seguridad.
En la charla con la periodista Dasha Burns para el medio Politico, Trump fue cuestionado sobre si consideraría realizar acciones similares a los bombardeos que su gobierno ha desplegado contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, señaladas como vinculadas al narcotráfico. Su respuesta fue contundente: “Sí. Yo lo haría. Claro que lo haría”. Al ser preguntado específicamente si esto incluiría a México y otro país —en referencia a Colombia— por su responsabilidad en el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos, el presidente respondió afirmativamente.
Aunque Trump no ofreció detalles sobre el tipo de operaciones que contempla —si incluirían bombardeos, incursiones terrestres o uso de drones—, su declaración confirma una intención explícita de emplear fuerza militar al interior de otro país soberano. Esta postura marca una escalada respecto a su discurso precedente, y pone en evidencia una estrategia que combina seguridad, migración y narcotráfico bajo un enfoque militar directo.
Para el gobierno mexicano, encabezado por Claudia Sheinbaum, estas amenazas representan una violación inaceptable a la soberanía. El Ejecutivo ha rechazado cualquier intervención militar extranjera en territorio nacional, insistiendo en que la cooperación debe limitarse al intercambio de inteligencia y a acciones conjuntas bajo respeto del derecho internacional.
Las implicaciones de la advertencia de Trump son múltiples. En primer lugar, abre la puerta a un conflicto diplomático y a un repunte en las tensiones entre ambos países, justo en un contexto de cooperación contra el narcotráfico. En segundo lugar, genera incertidumbre en materia de seguridad interna en México, ya que la posibilidad de ataques externos cambia radicalmente la lógica de combate al crimen organizado. Finalmente, pone en tela de juicio la estabilidad de acuerdos bilaterales y regionales relacionados con migración, comercio y seguridad, al insertar la opción militar como instrumento de política exterior.
