El endurecimiento de las políticas migratorias de Estados Unidos bajo la administración del presidente Donald Trump ha derivado en un aumento significativo de las deportaciones de personas originarias de países latinoamericanos, una situación que ha generado críticas tanto dentro como fuera del territorio estadounidense.
Desde que Trump asumió su segundo mandato el 20 de enero de 2025, las autoridades estadounidenses han intensificado las acciones para expulsar a inmigrantes indocumentados y a quienes viven en situación irregular en ese país. Según datos oficiales divulgados, aproximadamente 605 000 personas han sido deportadas directamente por las autoridades, mientras que 1,9 millones optaron por salir voluntariamente del país, en lo que se ha denominado “autodeportaciones”. En total, se calcula que 2,5 millones de personas han abandonado Estados Unidos por estas políticas desde el inicio del gobierno actual.
Estas deportaciones masivas han afectado a personas de diversas nacionalidades latinoamericanas, incluidas comunidades de Venezuela, El Salvador y otros países de la región. En marzo de 2025, por ejemplo, al menos 238 venezolanos fueron enviados a El Salvador, donde quedaron recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una prisión de alta seguridad, tras ser acusados por las autoridades estadounidenses de pertenecer a una organización criminal conocida como Tren de Aragua. Sin embargo, gran parte de estas personas no contaba con antecedentes penales en Estados Unidos, según diversas investigaciones periodísticas.
Una de las deportaciones que más eco ha tenido en la opinión pública fue la de un ciudadano salvadoreño que vivía en Maryland y fue deportado a El Salvador pese a contar con una orden judicial vigente que le impedía ser expulsado. El gobierno estadounidense calificó su expulsión como un “error administrativo”, admitiendo que no debió haber sido enviado fuera del país bajo esas condiciones.
Las respuestas a estas políticas han sido diversas. Organizaciones de derechos humanos y representantes políticos han elevado su voz de protesta, advirtiendo que estas medidas pueden violar normas básicas de debido proceso y colocar en riesgo los derechos fundamentales de los migrantes. Sectores de la sociedad civil y expertos legales han señalado que muchas de las expulsiones no distinguen entre antecedentes penales verificables y casos sin pruebas sólidas de conducta delictiva, lo que ha generado inquietud en las comunidades afectadas.
Además, varios países latinoamericanos enfrentan ahora la difícil tarea de recibir y atender a sus ciudadanos retornados, muchos de los cuales tenían familia, trabajos o vínculos profundos en Estados Unidos, y cuya repatriación implica un impacto social y económico para sus comunidades de origen.
La situación migratoria continúa siendo un tema de fuerte debate tanto en Estados Unidos como en el resto de la región, con tensiones políticas y humanitarias que seguirán evolucionando en los próximos meses.
