En su más reciente discurso, el expresidente Donald Trump anunció que, de llegar nuevamente a la presidencia de Estados Unidos, implementará una medida que prohibirá la concesión de hipotecas a inmigrantes indocumentados. Esta promesa se enmarca dentro de su plan económico para reducir los costos de la vivienda y mejorar la asequibilidad, una preocupación significativa para muchos votantes, especialmente tras el aumento histórico en los precios durante la pandemia.
Trump afirmó que la “inundación” de inmigrantes ilegales está impulsando la crisis de vivienda, al aumentar los costos en un mercado ya de por sí limitado. Según él, al restringir el acceso de los inmigrantes indocumentados a las hipotecas, se aliviaría la presión sobre los precios de las viviendas. Sin embargo, expertos señalan que los inmigrantes indocumentados representan solo una fracción pequeña del mercado hipotecario en EE. UU. De acuerdo con un informe del Urban Institute, en 2023 se otorgaron entre 5,000 y 6,000 hipotecas a personas con un Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN), una cifra insignificante comparada con los 3.4 millones de hipotecas emitidas ese año.
A pesar de la poca incidencia real de los inmigrantes indocumentados en el mercado hipotecario, la propuesta de Trump ha generado críticas de expertos en vivienda, quienes afirman que esta medida no aborda la raíz del problema de la falta de asequibilidad. Defensores de la vivienda asequible y profesionales del sector inmobiliario, como David Dworkin, presidente de la Conferencia Nacional de Vivienda, consideran que esta política desvía la atención de los problemas reales que enfrentan los compradores de vivienda, como la escasez de oferta.
Trump también mencionó que buscará abrir terrenos federales para aumentar la construcción de viviendas, así como reducir las regulaciones que incrementan los costos para los constructores.
Esta promesa se enmarca dentro de su estrategia general de “Estados Unidos primero”, que incluye la deportación masiva de inmigrantes indocumentados y la disminución de los beneficios sociales destinados a esta población.
