Estambul, a 4 de octubre.- El Gobierno de Turquía ordenó
este lunes suspender de empleo a 12.801 agentes de policía como parte de la
investigación contra los simpatizantes del clérigo Fethullah Gülen, al que se
acusa de ser el cerebro del fallido intento de golpe de estado del pasado 15 de
julio.
Si bien la policía es la
fuerza de seguridad en la que más confían el Ejecutivo islamista y el
presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, esto no la ha librado de las profundas
purgas que se siguen efectuando en la Administración a raíz del compló
golpista. Este cuerpo había sido uno de los estamentos del Estado más infiltrado
por los gülenistas durante la época en que sus relaciones con Erdogan vivieron
su época dorada (2007-2012) y, de hecho, ya desde 2013 miles de agentes habían
sido relevados de sus cargos por sospechas de pertenencia a dicha organización
religiosa, actualmente considerada un movimiento terrorista por Ankara. Pero la
purga de este lunes no tiene precedentes en la Policía ya que afecta a cerca
del 5 % de sus casi 280.000 efectivos. Según la agencia oficial AA, 2.523 de
los afectados tienen rango de oficial o cargos directivos en el seno de la
Policía y la purga alcanza a todos los rincones del país, si bien las
provincias más afectadas son la capitalina Ankara, con 1.350 agentes
suspendidos, Esmirna (570) y las kurdas Diyarbakir (650) y Hakkari (350).
Los agentes suspendidos reciben
dos tercios de su paga mientras se procede con la investigación sobre su
supuesta implicación en actividades gülenistas, al término de la cual, si se
les encuentra culpables, serán expulsados del cuerpo de Policía. “Se trata de
una medida de precaución destinada a evitar que los sospechosos interfieran en
las pesquisas o destruyan pruebas”, explicó una fuente del Ejecutivo que pidió
el anonimato. Sin embargo, el mero hecho de ser mencionado en una indagación de
este tipo se ha convertido en una lacra en la actual Turquía y, de hecho, este
lunes, un agente de 26 años de edad de la localidad de Mersin se quitó la vida
de un tiro en la cabeza poco después de que se le comunicase la noticia de que
sería suspendido de empleo e investigado.
Unas 50.000 personas han sido
detenidas desde la fallada asonada militar, de las que 32.000 han sido
imputadas y enviadas a prisión. Además, unos 130.000 empleados públicos han
sido suspendidos, más de un tercio de ellos dependientes del Ministerio de
Educación. El Gobierno explicó la semana pasada que, para hacer frente a la
falta de profesores, ha ordenado contratar a 20.000 nuevos maestros para el
curso que acaba de iniciarse.
Por otro lado, la policía irrumpió
hoy en los canales opositores IMÇ (pro-kurdo) y Hayatin Sesi
(izquierdista) para cortar su emisión y precintar sus equipos. La medida forma
parte de la decisión tomada este fin de semana de ilegalizar una veintena de
televisiones y emisoras de radio kurdas, izquierdistas y alevíes (un grupo
religioso chií heterodoxo), incluidos dos canales infantiles, a los que acusa
no de ser parte de supuestas conspiraciones golpistas, sino de hacer propaganda
al grupo armado kurdo PKK. La principal formación kurda, el Partido de la
Democracia de los Pueblos (HDP), ha denunciado que el Gobierno islamista está
aprovechando para acabar con la oposición las prerrogativas que le concede el
estado de emergencia decretado tras el fallido golpe, como los decretos con
fuerza de ley mediante los que se han efectuado las purgas y los cierres de
medios y contra los que no cabe recurso judicial. El Ejecutivo anunció hoy que
pedirá al Parlamento la extensión del estado de emergencia durante otros tres
meses y Erdogan ha barajado la posibilidad de que se prolongue durante un año.
En los casi tres meses que
Turquía ha vivido bajo estado de emergencia, más de un centenar de medios de
comunicación han sido prohibidos, 120 periodistas han sido arrestados, a 775 se
les ha cancelado su tarjeta de prensa y 2.300 han perdido su trabajo.
