Por Francisco Garfias
No hay ordenamiento que impida expresamente a los estados adquirir y aplicar la vacuna contra la covid-19 para salvar la vida de los gobernados. Querer colgarse solitos la medalla, como pretende el gobierno federal, no sólo es un acto de autoritarismo, sino un crimen.
Cuando el vocero de la pandemia, Hugo López-Gatell, dice que ninguno de los 32 gobiernos estatales puede comprar vacunas, contradice, además, uno de los principios que su jefe pregona a los cuatro vientos: prohibido prohibir.
El famoso doctor asegura que la Ley General de Salud señala que es facultad del gobierno federal organizar las medidas de prevención y control, con la colaboración de las autoridades sanitarias estatales. Se le olvidó que la Constitución consagra el derecho a la vida, sin la cual todos los demás derechos carecen de sentido. La lógica nos dice que si los gobiernos estatales se suman a la tarea de vacunar a la población, más pronto saldremos de la pandemia. Los diez gobernadores de la Alianza Federalista brincaron frente a la decisión de centralizar la compra y distribución de la vacuna.
Le enviaron una carta a López Obrador en la que le dicen que no comparten la decisión de monopolizar la compra y aplicación de la vacuna. Reiteran, sin embargo, su decisión de coordinar sus capacidades para garantizar su acceso universal y no discriminatorio.
“La vacuna es un tema que no admite descalificaciones y, mucho menos, el vano y simplista recurso a la politiquería con el que usted responde a la genuina preocupación social. Nadie pretende politizar la enfermedad. Mucho menos su cura”, aseguran.
* No hay ley que impida a los gobernadores —o los particulares— adquirir vacunas, asegura el doctor y diputado de Acción Nacional, Ector Ramírez Barba.
Otro panista, Marko Cortés, dice que es inadmisible la negativa del gobierno para que los estados adquieran y apliquen directamente la vacuna “con sus propios recursos”.
“Es el colmo. A los estados ni les darán la vacuna, ni les quieren dar permiso para adquirirla. En términos beisboleros, estamos ante un gobierno que ni picha ni cacha ni deja batear”, se quejó.
* La pésima gestión de la pandemia ha tenido un alto costo en vidas humanas. Las cifras oficiales colocan a México en cuarto lugar en muertes totales —iban en más de 115 mil — y primero en decesos de personal sanitario —1,320 confirmados—, según un informe de Amnistía Internacional, publicado en septiembre pasado.
Esa situación, dice Marko Cortés, hace necesario el nombramiento de un zar de la vacunación. Y no, no se refería a Marcelo Ebrard, sino de alguien con amplios conocimientos técnicos en la materia, que se rija por la ciencia y no por la política. El presidente López Obrador, por cierto, se comprometió, en Sonora, a aplicar en forma “pareja” el programa de vacunación contra la covid, sin mezquindades, sin criterios políticos.
La gobernadora Claudia Pavlovich, que no es de la Alianza Federalista, solicitó al mandatario considerar a ese estado como prioritario en la distribución y aplicación de la vacuna.
“Sonora es un estado con un alto índice de personas con padecimientos crónicos que provocan complicaciones graves”, argumentó la gobernadora.
