Editorial La Revista Peninsular
De acuerdo al seguimiento que la Universidad Johns Hopkins le ha dado a la pandemia, el lunes se rebasó el millón de muertes por Covid-19 en el mundo. Los números indican que América Latina es la zona más afectada, y que México se encuentra entre los países con mayor cantidad de contagios y decesos.
Hace poco más de diez meses se registró el primer contagio de este nuevo tipo de coronavirus en Wuhan, China, mismo lugar donde, el pasado once de enero, también se reportó el primer fallecimiento. Desde entonces, el virus se ha propagado prácticamente a todos los países, con excepción de casos aislados cuya ubicación geográfica los exentó de la enfermedad.
Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Salud, confirmó que el primer contagio en México fue registrado en la capital el veintisiete de febrero.
Si bien, se esperaba que el secretario de Salud, Jorge Carlos Alcocer Varela, fuese la cara del gobierno en lo relativo a la pandemia, su imagen se encontraba desgastada tras la complicada implementación del Instituto de
Salud para el Bienestar (Insabi). Además, parecía evidente que López-Gatell contaba con habilidades de comunicación más aptas para desempeñar la encomienda.
El desempeño del subsecretario no ha estado exento de controversias. El exceso de exposición mediática a la que se ha sometido le costó credibilidad ante la población pues provocó que emitiera mensajes contradictorios sobre temas de gran impacto para el desarrollo de la pandemia, como el uso de cubrebocas o la aplicación de pruebas.
Asimismo, Hugo López-Gatell fue sujeto de críticas, e incluso denuncias, por el “modelo Centinela”. Este fue un sistema concebido por el gobierno para vigilar el aumento de contagios en el país; sin embargo, nunca quedó claro cómo funcionaba pues las explicaciones eran poco claras o incluso contradictorias. Lo que sí se sabía de este esquema era que se basaba en pronósticos altamente favorables, por lo que las cifras oficiales presentadas son menores a la realidad.
El Canciller mexicano, Marcelo Ebrard, fue otro de los funcionarios que ha adquirido protagonismo ante la crisis. El secretario de Relaciones Exteriores comenzó a ejercer funciones que no eran propias de su cargo por tratarse de asuntos interiores de la nación, situación que lo hizo lucir como un segundo secretario de Gobierno.
Desde un inicio, era claro que el exceso de obligaciones adquiridas obedecía a intereses electorales futuros. Esta intención se pudo constatar cuando Ebrard centró sus esfuerzos en conseguir la vacuna del Covid-19; él habría de ser el gran salvador del país. En las últimas semanas, se ha abocado a generar acuerdos con organismos internacionales, públicos y privados, para garantizar que México tenga acceso temprano a la cura.
Ebrard no ha sido el único en la búsqueda de este objetivo. Miembros de la Iniciativa Privada (IP) mexicana, de la mano de empresarios como Carlos Slim, establecieron acuerdos para colaborar en el desarrollo de la vacuna de AstraZeneca, la cual ha presentado complicaciones en su fase probatoria.
Los empresarios incluyeron al gobierno mexicano en los acuerdos tomados, lo cual representó un importante gesto dada la delicada relación entre el ejecutivo y el sector privado, particularmente después del inicio de la pandemia.
El sector empresarial presionó al gobierno desde que comenzó la contingencia para que estableciera facilidades fiscales a su favor y planes de reactivación económica. Ante la reiterada negativa del ejecutivo federal, la IP se vio forzada a buscar opciones por su cuenta. Así, la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) concretó un crédito millonario con el Banco Interamericano de Desarrollo.
Ahora bien, para poder juzgar el desempeño del gobierno federal ante la pandemia es necesario observar las cifras. En México existe un promedio de 591 muertes por cada millón de habitantes, y hay 12 pruebas disponibles por cada mil habitantes, lo que representa una de las menores en el mundo. De igual manera, con más de 66 mil fallecidos, y 733 mil contagios (cifras de cuando se anunció el millón de contagios), nuestro país se encuentra entre las diez naciones más afectadas por el Covid-19.
Recordemos que, de acuerdo al modelo Centinela, se puede asumir que las cifras reales son ocho veces mayores a los números oficiales. Esto significa que el panorama que afronta el país es peor de lo que podemos ver.
Aunque escazas, el gobierno federal ha tomado decisiones y acciones acertadas para combatir el virus. En un principio, tuvieron la sensibilidad de repartir apoyos económicos a grupos vulnerables para mitigar el confinamiento. De igual manera, se actuó con sensatez al cancelar las clases presenciales y llevar a cabo un plan de educación en casa; es cierto que su implementación ha sido complicada y los resultados serán limitados, pero se continuó la labor educativa sin exponer las vidas de los jóvenes, como sí se hizo en otros países.
A siete meses del primer caso en México, el desempeño del gobierno federal ha dejado mucho qué desear. El sistema establecido para darle seguimiento al coronavirus carece de veracidad, lo que repercute en la confianza que los ciudadanos le tienen al gobierno. Existen importantes esfuerzos para asegurar el acceso a una vacuna, pero los mejores pronósticos indican que aún faltan meses para la concreción de este escenario, entonces no se resuelve el problema presente. Aún más, el sector empresarial se ha visto desamparado por el gobierno, lo que limita su capacidad para reactivar la economía de manera pronta y contundente. Es cierto que ha habido acciones positivas, pero, desde lo general, parece que la balanza se inclina hacia lo negativo.
