Por:Luis Carlos Ugalde
La
buena noticia: la propuesta de Martí Bartres y Ricardo Monreal para llevar la
austeridad a los pasillos del Congreso mexicano. La mala: la reacción virulenta
de López Obrador y Morena frente a la multa que les impuso el INE.
Batres
propone ahorrar hasta 2 mil millones de pesos anuales en el Senado a través de
una serie de recortes: gasto en seguros de vida o de gastos médicos,
asignaciones a grupos parlamentarios, bonos, vehículos oficiales, viajes y
viáticos. De acuerdo con el senador electo, esto podría ahorrar cerca del 40%
del presupuesto que ejerce la cámara alta.
Si
la hegemonía de Morena y sus aliados puede bloquear la función de control que
debe ejercer el Congreso sobre el Ejecutivo, la austeridad es una fortaleza que
lo puede despertar de la anestesia que le inyectaron durante casi 20 años los
propios legisladores que se auto asignaron prerrogativas cuantiosas, viajes y
privilegios. Los apoyos de gestoría social y las asignaciones discrecionales de
los grupos parlamentarios han sido un instrumento de los coordinadores
parlamentarios para garantizar la disciplina de los legisladores. Por otra
parte, desde el sexenio de Vicente Fox los presidentes descubrieron que para
lidiar con congresos opositores era mejor saciar sus peticiones presupuestarias
(industria de los moches).
Cuando
un legislador obtiene ingresos excesivos y puede además medrar con su función
legislativa para “bajar” recursos a gobiernos estatales y municipales y cobrar
una comisión por ello, dedica más tiempo a administrar las mieles de sus
negocios que a revisar el ejercicio honesto del gasto público.
Por
ello, reducir los privilegios y prerrogativas de los poderes legislativos es
una manera para reactivar la función legislativa y de control que deben
ejercer. La misma política de austeridad debe aplicarse también al financiamiento
de los partidos políticos. Hace pocos días López Obrador dijo que Morena
renunciaría a recibir la totalidad de los aproximadamente 1,500 millones de
financiamiento público que le corresponde para 2019. Pero esa no es la
solución. Felipe Calderón siendo presidente del PAN en 1996 hizo la misma
promesa ante el incremento de las prerrogativas de aquel año, y solo devolvió
el cheque de un mes. Después se quedó callado. El objetivo debe ser cambiar la
ley para reducir el financiamiento de todos para siempre.
Respecto
a la multa del INE a Morena, tocará al Tribunal Electoral revisar la legalidad
de la multa. Sin embargo, vale señalar ahora que moralidad es diferente de legalidad.
En el discurso de López Obrador se respira molestia porque la autoridad
sanciona acciones de buena fe que buscan el bien del pueblo. En su primer
mensaje via Twitter dijo: “No existe ningún acto inmoral con el fideicomiso a
damnificados por el sismo. Nosotros no somos corruptos ni cometimos ilegalidad.
Por el contrario, buscan enlodar una acción humanitaria”.
Varios
de sus seguidores lo han repetido. El escritor Pedro Miguel, quien encabeza el
comité técnico del fideicomiso, dijo que “si los consejeros del INE piensan que
queda prohibida la solidaridad en tiempos de campaña, están locos”. Pero el INE
no analiza la moralidad de los actos de los partidos, sino su legalidad. Y por
tanto los argumentos sobre la nobleza del propósito del fideicomiso son
irrelevantes.
Cabe
señalar que la línea que separa dar dinero a damnificados de dar dinero a
votantes pobres es tenue y al final pueden estimular el mismo comportamiento:
la compra del voto. En el fondo lo que debe evitarse es que los partidos usen
dinero en efectivo para apoyar a la población durante campañas políticas o en
cualquier momento, aun sea una causa noble.
La
acusación de que los consejeros actúan por venganza es inverosímil. Por una
parte, el INE ha validado el triunfo de López Obrador —no es mérito, sino
obligación— pero al hacerlo su credibilidad se ha fortalecido, según encuesta
de Consulta Mitofsky. No hay nada mejor para la autoridad electoral que el
escenario cuando gana la oposición y por mucho, como fue el caso del 1 de
julio. ¿Para que querrían vengarse ahora los consejeros del ganador?
Por
el contrario, el PRI se ha sentido agraviado pro la lentitud del INE en
castigar a Morena. Emilio Suárez, el representante del partido ante el
Instituto, acusó a los consejeros de cómplices de Morena por patear la pelota
hasta después de la jornada electoral. No solo eso, la demanda del PRI ha sido
que se sumen las erogaciones del fideicomiso a los gastos de campaña, lo cual
no ocurrió. De tal forma que todo depende de los lentes bajo los cuales se
miran las cosas.
Morena
ha anunciado que acudirá al Tribunal Electoral, pero el problema es que López
Obrador ha acusado a dicho tribunal de estar al servicio de la mafia del poder.
