Por Pascal Beltrán del Río
Al presidente Andrés Manuel López Obrador le gusta
hablar de sí mismo como un defensor de la democracia, que, a la manera de
Francisco I. Madero, soportó fraudes electorales en su lucha por hacer valer la
voluntad ciudadana. Ha sido, en realidad, un político que jugó hábilmente con
las reglas de la democracia para alcanzar el poder. Una vez logrado el
objetivo, se ha dedicado a redefinir esas reglas a fin de concentrar el mando;
asegurar que su manera de pensar se escuche más que otras y crear las
condiciones para la continuidad de su grupo político.
Cuando se escriba la historia del proceso electoral
de 2021, la manera en que López Obrador opinó sobre los comicios para
gobernador en Guerrero y Nuevo León dará cuenta clara que su talante no fue
democrático, sino sectario.
Lo más apropiado, considerando la historia política
del país, es que el mandatario hubiese abjurado de interferir en las elecciones.
Pero como decía yo, no sólo se metió, sino que alardeó de ello. Aun así, demos
por buena la afirmación presidencial de que se sintió obligado a “denunciar
como ciudadano” las violaciones al orden legal que atentaban contra el voto
libre.
El problema es que sus actos de injerencia en los
comicios de Guerrero y Nuevo León se contradicen entre sí.
En el primer caso, el Presidente ha sostenido que
debe ser el pueblo el que decida. Con ese argumento, puso oídos sordos a las
denuncias de violencia sexual que distintas mujeres –incluso militantes de su
partido– lanzaron contra Félix Salgado Macedonio. Y sostuvo que la decisión
sobre si era apto para gobernar el estado debía ser del electorado guerrerense.
Luego, cuando Salgado Macedonio perdió la candidatura
por no entregar el informe de gastos de precampaña –como aceptó, achacando la
responsabilidad de la falla a su partido–, López Obrador la emprendió contra
los organismos electorales y volvió a decir que la decisión debía recaer en la
ciudadanía (“hagan una encuesta”, propuso a los magistrados del tribunal).
Por último, cuando Morena anunció que la hija de
Salgado Macedonio lo sustituiría como aspirante, el Presidente se olvidó de
todos sus dichos del pasado sobre influyentismo y nepotismo y se negó a opinar.
“No nos metamos en eso, dejemos que el pueblo elija libremente a sus
autoridades, ésa es la democracia. Es el pueblo el que manda y decide, no los
medios de información, no los gobernantes, no el INE o el Trife”.
Sus posturas sobre el proceso electoral en Nuevo
León han sido diametralmente opuestas. A finales de enero, en visita al estado,
se reunió con Clara Luz Flores, quien abandonó el PRI para ser la abanderada de
Morena a la gubernatura.
La candidatura de Flores se desplomó en las
encuestas –luego de ser exhibida en un video junto a Keith Raniere, el
encarcelado líder de la secta NXIVM– y entonces el Presidente se lanzó contra
el candidato de la alianza PRI-PRD, Adrián de la Garza (de pasada, contra
Samuel García, de MC). Desde la conferencia mañanera, durante tres días
seguidos, acusó al primero de hacer “fraude” con el programa Mujer Fuerte, en
el que se pide datos de ciudadanas de escasos recursos y se les ofrece, en caso
de ganar el candidato, un apoyo económico bimestral.
Pese a que esa práctica se ha generalizado en el
país –al grado de que muchos candidatos de Morena tienen programas similares– y
a que los tribunales electorales no han encontrado ilegalidad en ella, el
Presidente demandó que la FGR se involucrara en ese asunto, cosa que ocurrió
con prontitud e incluso bajo amenaza de encarcelar preventivamente al
candidato.
En el caso de Nuevo León, al Presidente nunca se le
ocurrió decir “que el pueblo decida” ni habló de presumir la inocencia de De la
Garza como hizo con Salgado Macedonio. Para esos dos estados, López Obrador
–quien dice que se mete en las campañas para defender la democracia– tuvo
distintas varas.
BUSCAPIÉS
Si uno lee los artículos 21 y 22 de la Ley General
en Materia de Delitos Electorales, queda la duda sobre si la Fepade de la FGR
tiene competencia para investigar delitos cometidos por los candidatos a
gobernador de Nuevo León. De entrada, no es una elección federal ni la organiza
el INE.
