Claroscuro, por: Francisco López Vargas
Andrés Manuel López Obrador era un magnífico opositor. Para cada error tenía un argumento, para cada tema tenía una solución y aseguraba, una y otra vez, que él sí sabría cómo hacerlo. Hoy cuando se le cuestiona sobre los mismos problemas que él denunció y que siguen sucediendo en su gestión, se ofende, grita, se molesta, exige se le dé más tiempo.
Hoy, la que llamó la Guerra de Calderón, ya es la Guerra de Andrés Manuel y con índices que son mucho peores y que hacen palidecer a su antecesor michoacano, hoy la corrupción de la que acusó a Peña la vemos no sólo en los conflictos de intereses de sus colaboradores sino también de su gente más cercana: sus hijos estrenan fábrica de Chocolate con el nombre de su ex esposa; Romo coloca a sus alfiles en posiciones clave para beneficiarse de los cargos; el director de Pemex y su novia directora de Cenagas son socios en empresas del sector y sus hijos son parte de esas empresas; mete al gobierno a gente inepta, sin preparación y sin perfil para ocuparlo y eso también es corrupción.
La gente que lo apoya se niega a aceptar que se equivocaron al elegirlo, la gente que advertimos sobre su proceder somos insultados a pesar de que nosotros aportamos hechos, no esperanzas.
La sociedad mexicana pareciera satisfecha con que les robe otro y nos reclaman que nadie lo ha visto, que el cabecita de algodón es impoluto. ¿Tan difícil es hacerles entender que la corrupción de Bejarano, de Imaz, de Ponce, de todos sus colaboradores fue tolerada y hasta consentida por él?
¿Se puede hacer a un lado del fraude que significa la ampliación del mandato en Baja California donde el candidato a gobernador pagó a los diputados por legislarla?, ¿la ley de extinción de dominio que despoja a ciudadanos de sus bienes inmuebles violenando la presunción de inocencia?, ¿de la ley garrote de Tabasco que criminaliza el descontento y violenta el derecho a la protesta cuando ésta fue el motor que lo llevó a ser presidente?
El colmo es hablar de la política como superior a la economía y con ello nos dice que ésta se maneja desde palacio Nacional, desde el ala que habita, y no desde la que ocupa la secretaría de Hacienda y por eso se entienden las caídas consecutivas en la generación de empleos, de la bolsa de valores, de la fuga de capitales y de la inestabilidad económica provocada por la desconfianza que generan sus decisiones.
A mediados del noveno mes de su gobierno, al año y un mes de su triunfo, un presidente ¿puede seguirle echando la culpa a quien lo antecedió, se puede quejar del cochinero de un país quebrado y justificar austeridad cuando regala cientos de millones de dólares a otros países de América?
La responsabilidad de un presidente de hacer valer la Constitución y las leyes que de ella emanan no es sólo una obligación del Presidente, debería ser la base de su gestión, pero cuando se habla de hacer justicia sobre aplicar las leyes, pues no nos extraña que estemos por llegar a los 200 linchamientos en un país en el que se mata a más de 90 personas todos los días en una guerra que ya no existe pero que sigue dejando muertos, y en la que practicar periodismo es más peligroso que en los países en guerra.
¿Hasta cuando el presidente seguirá responsabilizando a otros de sus yerros, de su ineptitud, de su venganza a quienes no simpatizamos con él y nos insulta y ofende a diario?
Un país en armonía necesita de resultados, de justicia, y de un presidente que sea más tolerante y más capaz.
La caída de la popularidad presidencial quizá tiene que ver con la encarcelación de Rosario Robles, un personaje atado a la vida del presidente, y señalada como omisa en el caso del gran desfalco que resultó ser la estafa maestra y en la que once oficinas del gobierno federal se coludieron con universidades e instituciones de educación superior para saquear miles de millones de pesos cuyo destino aún se desconoce.
Se habla de un pacto de inmunidad con Enrique Peña Nieto en gratitud por haber usado a la PGR contra Ricardo Anaya y haberle garantizado el triunfo a López Obrador, pero la realidad es que la propia ineptitud del presidente lo está llevando a romper ese acuerdo que mantiene sólo a dos mujeres en prisión: Rosario Robles y la mamá de Emilio Lozoya.
La turbulencia del primer año pareciera que será la tapadera de un primer informe de gobierno en el que sólo habrá desencuentros, descalabros y evidencias tangibles de la ineptitud presidencial, por eso se acelera el paso, por eso se rompen acuerdos, por eso la necesidad de encarcelar a alguien para desviar la atención de un país que se desliza hacia una crisis de proporciones de cuidado, sobre todo en un entorno mundial más que complicado.
