La Comisión
Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas (CIDHPDA)
hace un llamado a los integrantes del Senado de la República a cumplir con su
función de presentar iniciativas de reforma de leyes, propuestas y puntos de
acuerdo para atender los problemas que más preocupación genera en la población
mexicana: la inseguridad y la procuración de justicia.
El 27 de
septiembre se llevó a cabo en el Senado la comparecencia del Secretario de
Gobernación, Adán Augusto López Hernández. En la segunda ronda de preguntas de
los Grupos Parlamentarios la senadora Kenia López Rabadán le cuestionó sobre
los resultados del actual gobierno en materia de seguridad. Sin embargo, más
allá de la discusión sobre cuál sexenio ha sido el más violento, no se emitió
en el debate ninguna propuesta viable para el combate de los delitos que
atentan contra la vida humana: desaparición forzada, secuestro, homicidio
doloso, feminicidios y crímenes de Estado. Por ello se les exhorta a los senadores
a hacer a un lado las diferencias partidistas para llegar a puntos de acuerdo
que beneficien a este propósito.
Así mismo, es
necesario prestar atención a las propuestas salidas de la sociedad civil. Una
de las más relevantes es la demanda de las familias de personas desaparecidas y
colectivas de búsqueda, quienes se han movilizado a favor de la creación del
Banco Nacional de Datos Forenses (BNDF), un organismo destinado a almacenar los
perfiles genéticos de las personas que han perdido a un familiar. Su mayor
aportación será facilitar la identificación de los cuerpos resguardados en los
Semefos de todo el país, que a la fecha suman 52 mil sin identificar.
Si bien el
presidente Andrés Manuel López Obrador presentó a principios de abril una
iniciativa para la formación del Centro Nacional de Identificación Forense, la
Fiscalía General de la República (FGR) “ha incumplido en la concentración de
información genética de las personas desaparecidas y sus familiares”, así lo
denunció el sitio de investigación periodística A dónde van los desaparecidos.
Ante este incumplimiento, el pasado 6 de agosto los familiares agraviados
clausuraron simbólicamente las oficinas de la FGR como una forma de protesta.
Por otro lado, el
portal A dónde van los desaparecidos denuncia que no hay infraestructura para
obtener perfiles genéticos. Esto, sumado a la ausencia del BNDF, ha obligado a
las fiscalías estatales y las autoridades federales a recurrir a una empresa privada,
ADN México o Central ADN, para obtener, procesar y almacenar unos cuantos
perfiles genéticos de familias de personas desaparecidas.
Las autoridades
han sido rebasadas por los más de 100, 000 casos de desaparecidos, según las
cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No localizadas. La
cuenta registra las desapariciones de los últimos 58 años, no obstante, el 97%
se refiere a casos posteriores al 2006.
La Alta
Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, el Comité contra la Desaparición
Forzada y el Grupo de Trabajo sobre Desaparición Forzadas o involuntarias,
manifestaron su preocupación tan pronto como se dio a conocer estas cifras en
el mes de mayo. ¿Cómo podrá el gobierno de México atender el llamado de los
organismos internacionales con una Fiscalía ineficiente?
La Comisión
Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas reitera
el llamado a los senadores, y también a los diputados, a implementar acciones
que fortalezcan la infraestructura de los organismos dedicados a la
investigación de delitos contra los derechos humanos. Así mismo es urgente
generar estrategias para la prevención del delito e iniciativas de ley que
garanticen el buen funcionamiento de la Fiscalía General de la República, cuya
inacción y torpeza afectan gravemente a la sociedad.
